La defensora del pueblo pide que los presos no sean trasladados con manos esposadas a la espalda

  • Soledad Becerril demanda también una atención especifica a los reclusos de más edad, sistemas de videovigilancia más integrales en las cárceles, más medios sanitarios y más personal.

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Los presos que son trasladados de cárcel o conducidos a juzgados u hospitales viajan en los furgones con las manos esposadas a la espalda, una situación que puede provocarles lesiones en casos de frenazo y dolores articulares, por lo que el Defensor del Pueblo ha recomendado que se busque una alternativa. Se trata de una de las recomendaciones que en materia de Prisiones ha incluido la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en su informe de 2015, en el que demanda también una atención especifica a los reclusos de más edad, sistemas de videovigilancia más integrales en las cárceles, más medios sanitarios y más personal.

Pero también, un protocolo adicional al programa de prevención de suicidios y una asistencia psicológica a los internos cuyos compañeros de celda se han suicidado, recomendación esta última que, según el informe, no fue admitida por la Administración. En un extenso capítulo dedicado a los centros penitenciarios, la defensora hace especial referencia al traslado de los presos en los furgones, con las manos esposadas a la espalda, lo que les impide reaccionar en casos de frenados o maniobras bruscas, así como dolores en las articulaciones y adormecimiento de hombros, manos y brazos.

Y por todo ello, ha pedido a la Administración que valore la posibilidad de normalizar otros modos de inmovilización, a la vez que aconseja que se evite también que permanezcan esposados con las manos a la espalda cuando esperan a ser atendidos en un centro hospitalario. Al mismo tiempo, aprovecha para solicitar que el habitáculo-celda de los furgones en los que los internos son trasladados sean de mayor dimensión que los actuales para "paliar los efectos angustiosos" que conlleva la permanencia en ellos durante las  horas que duran los trayectos, hasta siete.

Un total de 61.835 personas estaban privadas de libertad a finales del año pasado, un 4,89 por ciento menos que a principios de este ejercicio, según el informe, que cifra en un 12 por ciento el descenso de la población reclusa en la legislatura. Respecto al número de quejas recibidas de los internos, éstas aumentaron en 2015 un 11,25 por ciento hasta las 524. Destacan entre ellas las referidas a traslados (87), aspectos higiénico-sanitarios (74) y separación interior-clasificación (40).

En cuanto a los fallecimientos, los últimos datos se refieren a 2014, cuando hubo 128, lo que supone un tasa de 2,25 por mil internos. Se observa. según el informe, un descenso paulatino de esa tasa, que alcanzó su máximo en 2006 (4 por mil). La mitad de los fallecidos eran menores de 45 años y en 24 muertes la causa fue el suicidio -todos ellos por ahorcamiento- y en 2 la agresión de otro interno. También en los suicidios la tasa está disminuyendo y en 2014 la incidencia fue de 0,42 por cada mil reclusos.

Becerril reconoce la utilidad del programa del renovado prevención de suicidios que se aplica en las cárceles, pero ve necesario implementarlo con un protocolo estandarizado de detección de esas situaciones para ponerlo a disposición de los profesionales. Sobre las denuncias de malos tratos, la defensora quiere que se ponga en servicio en todas las prisiones sistemas de videovigilancia adecuados que permitan la cobertura suficiente y sus uso como elemento complementario a las investigaciones judiciales o administrativas en esos supuestos casos.

De este modo, dice el informe, se evitaría "el uso de fórmulas genéricas por parte de la administración del estilo 'no pueden probarse las afirmaciones formuladas por el interno'". La defensora ha observado deficiencias y estado de abandono en algunas enfermerías, como la de la cárcel de Villabona (Asturias), y falta de personal en otras como la de Córdoba, y echa de menos que se albergue a los presos con enfermedades mentales en entornos adecuados para su tratamiento.

Para la atención de estos reclusos también cree conveniente que el personal cuente con formación específica. En marzo del pasado año cumplían condena 2.257 personas mayores de 60 años, una cifra que podría crecer un 5 por ciento anualmente. Solo cuatro cárceles tienen un programa de intervención concreto para este colectivo, que atiende a 158 internos. La defensora pide que se aplique en todos para los más de 2.000 presos restantes.

También cuestiona el informe que los abogados deban acceder a las prisiones a través de arcos de detección. Lo hace a raíz de conocer que las abogadas que pasan a la cárcel de Las Palmas II debían incluso quitarse la ropa interior al saltar la alarma por los elementos metálicos que llevan. Instituciones Penitenciarias no atendió la recomendación de la defensora por el riesgo de que los abogados puedan introducir en las prisiones elementos peligrosos para la seguridad.

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