El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha solicitado esta mañana la dimisión de Inma Nieto, portavoz de Izquierda Unida en el momento de producirse la expulsión de los parlamentarios del primero de los grupos y que ayer fue rebatida por una sentencia del Tribunal Constitucional que la rechaza de pleno y que deja señalados a quienes la adoptaron. García dejó abierta la continuación de medidas tras conocerse el fallo judicial a la petición que ha realizado de un "reconocimiento público del Parlamento", para lo que ha solicitado una reunión con el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre.

A juicio del portavoz de Adelante, la expulsión de los parlamentarios fue "una barbaridad" que perseguía la "muerte civil de Teresa Rodríguez y de Adelante Andalucía, de eliminar cualquier posibilidad de que existiera una voz andaluza, de eliminar la existencia de una izquierda que tenga algo más que ser muleta del PSOE y, sobre todo de una formación que ha denunciado los privilegios de la política y eso molesta a izquierda y derecha".

García ha recordado que tras la expulsión de 9 diputados, a concejales y 20 trabajadores, "se nos llamó tránsfugas, ladrones y se expulsó a una compañera que estaba de baja maternal; para ello se pusieron de acuerdo los que nunca se ponen de acuerdo".

Por su parte, Maribel Mora ha añadido que "la expulsión vulneró de manera flagrante el derecho de representación política de la ciudadanía. Le da un varapalo monumental. No se protegieron los derechos fundamentales de los parlamentarios. Se les relegó a la casi irrelevancia". 

La Mesa del Parlamento, de la que la parlamentaria formaba parte "se inventó que con una comunicación y la decisión unilateral de una portavoz, se podía expulsar a unos parlamentarios. Inma Nieto no tenía competencia par expulsar a los diputados. La Mesa al utilizar este argumento. No fue una interpretación, sino que fue una invención. Da vergüenza la actuación de la Mesa". 

A juicio de Mora "hubo miembros de la Mesa que tomaban decisiones por criterios políticos. Se esperaba un pacto antitransfuguismo para poder expulsar a un diputado que no siguiera las líneas establecidas por el mismo. La sentencia deja caer que la modificación del reglamento del Parlamento (artículo 24.2) vulnera la jurisprudencia del Constitucional en lo relativo a la diferencia entre el grupo parlamentario y los partidos políticos" y ha resumido que la expulsión fue hecha de manera "injusta, antidemocrática y casi delictiva".