Rogelio Reyes, el juez de refuerzo de la magistrada sevillana que investiga los ERE falsos, ha pedido una prórroga de su comisión de servicio, por lo que no se incorporará ahora a su nuevo destino sino el 15 de septiembre. Fuentes del caso han informado de que esta prórroga solicitada por Reyes permitirá reforzar el juzgado de Mercedes Alaya hasta después del verano y de esta manera no interferirá en los turnos acordados entre los jueces de instrucción sevillanos. Aunque su traslado a su nuevo destino en el juzgado número 5 de Dos Hermanas (Sevilla) estaba previsto para las próximas semanas, la prórroga solicitada y concedida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dará un margen para decidir quien será en nuevo juez de refuerzo del juzgado de instrucción 6 y la fórmula legal que adoptará.

En mayo pasado, Mercedes Alaya se quedó en corto espacio de tiempo sin sus dos jueces de apoyo tras haber conseguido acumular las cuatro macrocausas que instruye: las dos de Mercasevilla, la de los ERE y la gestión de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis. Alaya estuvo seis meses de baja por enfermedad hasta el pasado 5 de marzo, por lo que las autoridades judiciales designaron dos Jueces de Adscripción Territorial (JAT) como refuerzo para su juzgado: Rogelio Reyes y Ana Rosa Curra, el primero de los cuales del ocupó del caso Betis y la segunda de los ERE y Mercasevilla. Sin embargo, en una reunión celebrada el 11 de marzo, Alaya se declaró capacitada para seguir instruyendo las macrocausas y el TSJA acordó trasladar a Curra a otro destino y dejar a Reyes encargado de la gestión ordinaria del juzgado de instrucción 6.

El nombramiento de un nuevo juez de refuerzo podría entrañar dificultades ya que ahora solo hay dos Jueces de Adscripción Territorial (JAT) disponibles: la propia Ana Rosa Curra y otra magistrada que está embarazada, por lo que en breve se vería obligada a darse de baja. Por ello, las fuentes han informado de que se baraja una comisión de servicio a la que podría acceder algún otro juez titular de la provincia de Sevilla. Hasta ahora, el TSJA y el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, han expresado su preocupación por el retraso que acumula la toma de declaración a los imputados por los ERE irregulares y Mercasevilla, en algunos casos de más de dos años.