Un auténtico varapalo para la juez Alaya. La Audiencia de Sevilla ha decidido arrebatarle la causa de las facturas falsas de UGT, que la instructora del caso de los ERE fraudulentos investigaba en secreto desde septiembre pasado.

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha estimado parcialmente un recurso que presentó la Fiscalía de Sevilla y ha dictado un auto, con fecha del pasado miércoles, en el que acuerda que esta investigación sea remitida a otro juzgado en función de las normas de reparto del decanato, han confirmado fuentes judiciales.

Los magistrados señalan que la investigación de las facturas falsas de UGT no tiene nada que ver con la de los ERE fraudulentos, por lo que Alaya no podría haber acumulado las distintas denuncias que el sindicato Manos Limpias fue presentando desde agosto del pasado año en los juzgados y que inicialmente fueron repartidos entre distintos jueces de instrucción, entre ellos el número 9.

Según fuentes de la Fiscalía, la Audiencia recuerda que hay un juzgado que comenzó a conocer antes que el de Alaya, por lo que estima parcialmente el recurso del Ministerio Público, que había planteado las posibles nulidades que podían producirse, todo ello con la finalidad de “preservar” el buen resultado de la investigación, han explicado las fuentes, que han recordado que una de las funciones del Ministerio Público consiste en velar por la legalidad del proceso y la competencia del juez pretedeterminado por la ley.

La Audiencia no entra a valorar qué juzgado debe llevar ahora la investigación, sino que lo deja en función de las normas de reparto, pero todo apunta a que el juzgado de Instrucción número 9 será el que lleve la mayor parte de la causa.

La juez Alaya recibió en diciembre pasado carta blanca de otro órgano superior, en este caso, la Audiencia Nacional, para investigar al secretario general de UGT, Cándido Méndez, por el escándalo de las facturas falsas que sacude a esta organización sindical. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dictó un auto por el que acordaba inhibirse en favor de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla respecto a la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias.

Alaya había abierto en septiembre pasado una nueva macrocausa -que actualmente continúa bajo secreto de sumario- a raíz de las revelaciones de la operación Heracles sobre el pago de sobrecomisiones en las pólizas de las prejubilaciones financiadas por la Junta. A esta causa se incorporaron las distintas denuncias presentadas por el sindicato Manos Limpias sobre las presuntas facturas falsas de la UGT-A con las que se pagaron comidas y que fueron justificadas en las subvenciones concedidas por la Junta a esta organización.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se inhibió en favor de Alaya precisamente porque la magistrada mantenía abiertas unas diligencias por estos hechos, atendiendo de esta forma el criterio expuesto por la Fiscalía Anticorrupción. El juez Pedraz consideró que los presupuestos para que la causa sea instruida por la Audiencia Nacional tienen que "aparecer suficientemente acreditados al menos a los efectos provisionales de la determinación inicial de la competencia".

El juez de la Audiencia Nacional advertía, no obstante, que en el caso de que Alaya detectara que de la investigación realizada "se desprenden datos que determinen la atribución competencial a favor de la Audiencia Nacional, éste así lo declarará, realizando un acto jurisdiccional propio".