Andalucía

Bruselas amenaza con sanciones económicas si se amplían los regadíos de Doñana

Juanma Moreno, en una de las lagunas de Doñan.

Juanma Moreno, en una de las lagunas de Doñan. / Joaquín Corchero/EP

Nada ha cambiado en Bruselas al respecto de la ampliación de suelos de regadíos en las cercanías de Doñana. La responsable de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión, Florika Fink-Hooijen, ha advertido al embajador de España ante las instituciones europeas que la proposición del Parlamento andaluz que han renovado PP y Vox es una "violación flagrante" de una sentencia que ya condenó a nuestro país en 2021 por sobreexplotación del acuífero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a esta carta en la sesión de la moción de censura que se celebra este martes en el Congreso. Ante las referencias del economista Ramón Tamames al agua, Sánchez ha afeado la "desprotección" a los recursos hídricos que lleva a cabo el Gobierno andaluz.

De seguir la iniciativa, amparada por el Gobierno de Juanma Moreno, la Comisión Europea tomará "todas las medidas necesarias" en su mano, incluida una nueva denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que registrará "sanciones pecunarias" contra España. En su carta al embajador Marcos Alonso Alonso, la directora general recuerda que ya mostró su "inquietud y estupefacción" ante una proposición que decayó en la pasada legislatura, y que en ésta ha sido retomada por el PP y Vox. Básicamente, la proposición de ley llevaría a legalizar unas 700 hectáreas como regadío en varios municipios del Condado de Huelva, aunque no se les asegura el agua y se impide que se extraiga del acuífero.

La carta de la directora deja veladas advertencias al propio sector fresero de Huelva, ya que sostiene que la proposición del Parlamento amenaza la "prosperidad económica del entorno de Doñana, y en particular de los cultivos de regadíos". Además, adelanta que, con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resilencia, se instalarán medidores en el espacio natural para digitalizar el acuífero y medir las extracciones de agua.

La sentencia a la que se refiere Bruselas es la del 24 de junio de 2021, con la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó al Reino de España por no salvaguardar el acuífero que alimenta a Doñana, considerado como sobreexplotado. Como consecuencia de la sentencia, hay un plan para cumplir con las recomendaciones para le regeneración. Eso es lo que la directora general considera, ahora, en peligro.

La iniciativa del Parlamento andaluz corresponde a los dos partidos que la han presentado, PP y Vox, pero viene avalado por el Gobierno de la Junta. Lo que propone es cambiar la calificación de unas 700 hectáreas de cultivo de municipios cercanos a Doñana para que sean considerados de regadío, aunque la proposición no de ley le impide extraer el agua del acuífero.

El recurso lo condicionan a unas obras futuras, como la construcción de la presa de Alcolea o el uso de parte de un trasvase desde la cuenca del Odiel, Tinto y Piedras.

Una proposición similar llegó al Parlamento andaluz en la legislatura anterior, también bajo la misma fórmula, mediante la acción de PP, Vox y, entonces, Ciudadanos. El grupo socialista se abstuvo en la toma de consideración.

El consejero andaluz de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado, después del Consejo de Gobierno, que "el principal interlocutor" ante la Comisión Europea es el Gobierno central, y que éste "no contribuye" a que la interpretación europea sobre la regulación de los suelos de regadío en el entorno de Doñana sea la correcta.

"Si la Unión Europea ve que su interlocutor principal habla de que se va a esquilmar el acuífero, entiendo la preocupación que nos traslada", ha señalado el consejero de Medio Ambiente, a la vez que ha emplazado a la ministra competente, Teresa Ribera, a "leer bien" la iniciativa y reclamándole que, tras la carta de Bruselas, se "retome" el diálogo con la Junta.

"Si eso es lo que están trasladando a la Comisión Europea, tenemos todos un problema", ha manifestado el consejero, quien ha insistido en numerosas ocasiones en que la iniciativa "salvaguarda como nunca antes" el acuífero, ya que se especifica que las concesiones serían siempre con aguas superficiales.

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