Destino y tránsito de la prostitución

España aparece en la lista negra mundial del tráfico de seres humanos que elabora el Departamento de Estado de los Estados Unidos. "Es una fuente, destino y tránsito" para "hombres, mujeres y niños forzados a la prostitución" procedentes de Rumanía, Ucrania, Rusia, Croacia, Bulgaria, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela, China y Nigeria, sentencia el informe Tráfico de Personas, que elabora anualmente el departamento que dirige John F. Kerry. O dicho de otro modo: a España llegan mujeres forzadas a ejercer la prostitución en los clubes, casas, polígonos industriales y descampados: su primer destino es para muchas de ellas la comunidad andaluza, trampolín desde el que son empujadas a los prostíbulos de media Europa.

El documento observa el tráfico de personas en un centenar de países clasificados en tres categorías, según se cumplan unos estándares mínimos de ley internacional, se proteja a las víctimas y se castigue a los traficantes. Hasta ahí España cumple, viene a decir el informe, pero aunque el balance revele un incremento de la presión policial ésta no es suficiente.

Algunas cifras dan la medida del alcance de esta lacra en España: a fecha de 2013, la Fiscalía investiga 295 casos de trata y la Justicia inició el procesamento de 104 acusados por tráfico de sexo y 6 por tráfico de mano de obra, en comparación con 46 y siete en 2012. 31 traficantes fueron condenados en 2013 (13 en el año anterior). De estas 31 condenas, 26 fueron declaradas culpables por un delito de trata con fines de explotación sexual y cinco por trabajos forzosos.

Desde 2001, primer año de de publicación del dossier -uno de los más completos y guía para muchos otros con los que trabaja Unicef o la Unesco-, España ha aparecido reseñada, de modo que en esta década larga se ha constadado no sólo cómo España entraba a formar parte de los destinos preferentes para los tratantes sino cómo el tráfico de personas, para la prostitución y los trabajos forzados, como la mendicidad, se ha convertido en un lucrativo negocio para las mafias que operan al sur de Europa. También han quedado reseñados en esta década larga los esfuerzos por implentar campañas y medidas que luchen contra esta lacra.

El informe empieza por la raíz del problema: el engaño. Estas mujeres llegan a España con "falsas promesas de trabajo" en "el sector industrial o la agricultura" y, tan pronto pisan el país, son reclutadas para prostituirse en pago a las deudas contraídas con las mafias. Las nigerianas, expone el texto del departamento de Estado, son retenidas por "la servidumbre de las deudas y las amenazas" de los proxenetas. Y, principalmente, el mercado español del sexo en el que participan estas mujeres está controlado por las redes de tráfico "de China, Nigeria y Albania que operan en las principales capitales española".

La inmigración que llega en pateras a las costas andaluzas merece una mención con mayor detenimiento en el dossier. "Las mujeres y niños son forzados a trabajos domésticos, a trabajar en el campo o la construcción" o, en el caso de los menores no acompañados "son víctimas del tráfico sexual o la mendicidad forzada".

En el haber del Gobierno el informe resalta que se cumple con los estándares legales para combatir la trata. En el caso español se regula a través del artículo 177 bis del Código Penal y contempla penas desde los cinco a los 12 años en prisión. De modo que se clasifica en el mismo grupo que países de su entorno como Francia o Reino Unido. Se celebra, de hecho, que en 2013 haya habido "una intensificación de la coordinación gubernamental con las ONG para la identificación de víctimas y asistencia a las víctimas" así como para la detención y encarcelamiento de traficantes". Pero en el deber de las tareas encomendadas al Gobierno español se subraya una asignatura pendiente. "No se mejoró la indentificación de las víctimas entre inmigrantes irregulares y niños", "los servicios dados son escasos, especialmente los relacionados con los centros de acogida" y "la asistencia de menores fue inadecuada".

La lista de recomendaciones que enumera Estados Unidos para los organismos e instituciones implicados en este complejo asunto (el Gobierno, las ONG, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo...) es larga: aparte de continuar con la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de tráfico de seres humanos, pide que se sancione duramente "a los funcionarios públicos cómplices de la trata" y cita aquí el juicio abierto en Galicia por una red de prostitución de brasileñas.

También recomienda que se implementen medidas que "faciliten la identificación de las víctimas y servicios de lucha contra la trata de mujeres y niños" y "especialmente para los menores iregulares y los no acompañados", además de "dar formación periódica y capacitar" a los trabajadores sociales, autoridades, policía, fiscales y jueces. Estados Unidos reclama, especialmente, "institucionalizar el uso del protocolo de identificación de las víctimas y la derivación a las ONG" de modo que se garantice la asistencia durante el período de reflexión necesario para que las víctimas potenciales se sientan protegidas "de represalias" de las redes de captación, no sientan "desconfianza de las autoridades" y "fomentar que los fiscales y los servicios de protección infantil se coordinen para evitar la revictimización". En definitiva, se pide luchar contra la trata con una perspectiva global y aportar los medios necesarios.

Muchas de estas recomendaciones ya fueron recogidas en 2012 en el informe del Defensor del Pueblo La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles, un documento a partir del que se han coordinado trabajos con diferentes ONG (Cruz Roja entre ellas) que han sido especialmente fructíferos a nivel andaluz. Desde Andalucía se ha vehiculado un protocolo-marco para la identificación de los menores que llegaban en patera hasta el litoral andaluz porque su inexistencia para la Administración los abocaba a poder ser objeto, entre otros peligros, de adopciones ilegales, explotación sexual o pornografía infantil.

Último apunte: entre los logros de 2013, EEUU destaca la campaña del Gobierno para "desalentar a la prensa" de publicar "anuncios clasificados de servicios sexuales" y evitar "que seamos cómplices".