Será por decreto. La declaración del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de que a lo largo del mes de abril o a más tardar en mayo se aplicará legalmente la bonificación al 99% al Impuesto de Sucesiones y Donaciones obliga a usar la figura jurídica del decreto para poder cumplir con ese plazo.

Desde que el 26 de enero pasado, el primer Consejo de Gobierno de la Junta bajo la dirección política de PP y Cs instase a la Consejería de Hacienda a adoptar las medidas legales necesarias para dejar casi sin efecto este impuesto, la Junta no había definido cómo articularía el cambio legislativo que se hace necesario.

Poco antes de que dimitiese por motivos de salud el consejero Alberto García Valera, su departamento barajaba tres posibilidades, incluir en el Presupuesto de 2019 la modificación, aprobar una ley específica o hacerlo mediante un decreto.

Tras unas semanas de parón por varios motivos –entre ellos, el relevo de García Valera por Juan Bravo Baena–, la respuesta que el presidente Moreno dio ayer durante una entrevista en la cadena Cope viene a aclarar un tanto la hoja de ruta que se seguirá. Y para cumplir el horizonte temporal marcado, ya no cabe otra senda que la del decreto.

La consejería de Hacienda prácticamente estaba pendiente de decidir en estos días si esperaba a la aprobación del Presupuesto de la comunidad autónoma, que se espera que sea enviado a finales de mayo y aprobado antes de que termine el periodo de sesiones actual, o hacerlo por decreto.

La ley específica estaba casi descartada por ser la vía más lenta, lo que prácticamente hubiese llevado a que la bonificación no se aplicase en la práctica en este año 2019.

Anteriormente, con el PSOE en el Gobierno de la Junta, se había utilizado el procedimiento de modificar la fiscalidad de las sucesiones y donaciones en la Ley de Presupuestos. Esa posibilidad queda en la práctica descartada con el compromiso hecho público este martes por Juanma Moreno.

El decreto permite una rápida tramitación, pero necesita una validación parlamentaria que pondrá a prueba la mayoría que sostiene al Gobierno.

La validación requerirá el voto de Vox, que quiere una rebaja fiscal mucho más amplia

De hecho, en la primera comisión de Hacienda del Parlamento, Vox, sin mostrarse en contra de la medida, sí dijo que era insuficiente y que su intención es que con sus votos, decisivos en esta legislatura, se apruebe una reforma fiscal mucho más amplia y que reduzca drásticamente la presión impositiva sobre los andaluces.

La vía del decreto exigirá una negociación previa a la presupuestaria del Gobierno con el grupo de Vox para poder convalidar el decreto. Los dos grupos de la oposición, PSOE y Adelante Andalucía, son contrarios a esta nueva reforma del Impuesto de_Sucesiones y Donaciones tras la aprobada en la legislatura pasada.

El decreto minimizará, además, cuanto antes el agravio que va a suponer que algunos herederos tributen con la anterior reforma pese a haber fallecido su familiar de primer o segundo grado en este ejercicio de 2019.

Fuentes de Hacienda ya admitieron a finales de enero que al ser un impuesto directo sería posible su modificación con carácter retroactivo, pero explicaron que el devengo no es modificable y se le aplica la norma en vigor en la fecha del deceso, así que no tendría efecto la retroactividad, de acuerdo a las normas de la Agencia Tributaria estatal.

Por entonces Hacienda ya había calculado el coste en ingresos que tendrá la medida: será de 42,5 millones de euros (18 millones en 2019; 15,8, en 2020, y 8,7, en 2021). El número de contribuyentes que hasta ahora no se beneficiaba de las bonificaciones aprobada por PSOE y Cs se calculan en unos 10.000 andaluces.