La Junta se queda sin dinero para ayudas a víctimas del terrorismo

A finales de 2010 el Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad (PSOE, PP e IU) la ley 10/2010 para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de Andalucía. Entre las medidas recogidas, la Junta concedería a las víctimas andaluzas de actos terroristas una ayuda complementaria a las indemnizaciones que otorga el Estado por daños físicos o psíquicos, con una cuantía del 30% de la ayuda estatal.

Estas ayudas han estado inéditas hasta ahora y no fue hasta la semana pasada cuando la Consejería de Justicia e Interior publicó una orden en la que articula cómo se pagarán estas indemnizaciones (otras Consejerías, como Educación o Empleo, aún no han desarrollado las competencias previstas en esta ley). La orden incorpora una novedad que se ha convertido en latiguillo en los textos sobre subvenciones autonómicas: las indemnizaciones se darán según "disponibilidad presupuestaria". La Consejería advierte en la orden que desarrolla sus competencias que la presentación de solicitudes "ha sobrepasado la partida presupuestaria prevista para este año". Lo achaca a una disposición transitoria de la ley, que recoge el derecho a recibir estas indemnizaciones a las víctimas con actos sufridos desde el 1 de enero de 1968 y que estén reconocidos como tales, es decir, que sean beneficiarios de las indemnizaciones concedidas por el Estado.

La orden se remite continuamente a la "complicada situación económica", a la ley de estabilidad presupuestaria que le impedirá un esfuerzo inversor mayor y a los "ajustes adicionales" que le llevarán a rebajar el objetivo de déficit hasta el 0,7% del PIB (límite contemplado para 2015).

La Consejería justifica que la severa situación económica "ha motivado una drástica reducción de los recursos afectados a los distintos proyectos, lo que se ha traducido en la necesidad de aplicar sucesivas medidas de ajuste (...), resultando inviable la asunción de los compromisos de gasto en los términos inicialmente previstos".

La falta de previsión presupuestaria ha llevado a que no se pueda atender la solicitud de la totalidad de los afectados.

El plazo de presentación de solicitudes concluyó en febrero de 2012 y han resultado merecedoras de esta ayudas 179 víctimas directas (156 son hombres y 23 mujeres) y 254 familiares (89 hombres y 165 mujeres), en total, 433. Se ayuda tanto a víctimas andaluzas como a los de otras regiones que sufrieron atentados en Andalucía.

La previsión es similar a la que se barajó cuando se aprobó la ley, pero las circunstancias económicas han variado. Entonces la ambiciosa pretensión de la Junta para dar respuesta a esta demanda se cifró en un presupuesto de 4,8 millones de euros (dijo en diciembre de 2011 el entonces consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho), ya que, según dijo el consejero, Interior ya habría dado 16 millones a estas personas. Pero la realidad ha derivado en una apuesta presupuestaria menor.

La Junta presupuestó este año por primera vez 876.500 euros para indemnizaciones a víctimas del terrorismo. Según ha podido conocer esta redacción de fuentes de las asociaciones de víctimas, la cifra quedará sobre 700.000 euros, aunque la Consejería de Justicia no confirmó la cantidad a distribuir.

Según las mismas fuentes, la Junta tiene previsto comunicar a los afectados que se pagará una parte proporcional, a determinar, con el compromiso de abonar las cantidades en los próximos ejercicios. Pero se da por hecho que ninguno de los beneficiarios cobrará por ahora ese 30% al que tiene derecho.

La Consejería de Justicia subraya "su máxima voluntad por afrontar el proceso de abono" y señala que "hasta la fecha no se ha concedido ninguna ayuda debido a la complejidad y dificultad que comporta la instrucción de este tipo de expedientes". Reconoce la situación y señala "que la Junta tiene previsto acompasar el pago de estas ayudas con la disponibilidad presupuestaria, para ir abonando su cuantía en la medida de las posibilidades económicas de cada momento, como así se ha trasladado a las asociaciones de víctimas". "El objetivo es ir articulando partidas presupuestarias en ejercicios sucesivos para asumir su abono de manera progresiva", subraya.

La ley recoge que los Presupuestos tienen que contener las partidas necesarias. En 2014 la Consejería de Justicia manejará 944.000 euros para este concepto. Además recoge 56.000 euros para las asociaciones. Con esta cantidad la Junta espera seguir abonando parcialmente el pago prometido, siempre "según disponibilidad".