Ni Agricultura y Pesca; ni Innovación, Ciencia y Empresa; ni tampoco Turismo. La Junta se apresuró ayer a dejar claro que el auto que el viernes dictó la juez Mercedes Alaya -que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos- en el que requería al Gobierno autonómico que informe si ha aplicado la misma fórmula de esos ERE desde otros departamentos además ee Empleo, "no supone" que esas consejerías estén siendo investigadas. Además, el Ejecutivo recalcó que seguirá atendiendo "con la máxima diligencia" las peticiones que le lleguen desde el juzgado.

En relación con el auto de 44 páginas que dictó Alaya, la Junta difundió ayer un comunicado en el que destaca que "el hecho de que el juzgado pregunte a la Junta si las empresas de la presunta trama en cuestión han recibido ayudas de otras consejerías no supone que las consejerías estén siendo investigadas", sino que se quiere conocer si las empresas en cuestión se aprovecharon de otras ayudas. El Ejecutivo incide en que no está siendo investigado ni pesa sobre él ninguna acusación, ya que es "parte acusadora" y el colaborador "principal" de la juez.

Para la Junta, la principal línea de investigación está circunscrita a la Dirección General de Empleo y a un conjunto de empresas vinculadas entre sí, lo que "indica claramente que no estamos ante un fraude generalizado" y por tanto no se cuestiona el conjunto de ayudas dadas por el Gobierno que preside Griñán. La Junta insiste en que seguirá remitiendo al juzgado "una profusa documentación en relación con el caso" y apunta que parte de los documentos enviados han sido "a iniciativa de la propia Administración", como por ejemplo la relación de "intrusos en las prejubilaciones, el listado de empresas subvencionadas por la partida 31.L o sobre la presunta trama de empresas vinculadas entre sí."

El comunicado hace alusión además a que "la complejidad de la investigación y el rigor con que viene actuando la Junta impide reacciones inmediatas a la prensa" sobre la información que demanda el juzgado, lo que "permite que el PP se aproveche de los autos para sembrar dudas o proferir graves acusaciones falsas" contra el presidente Griñán. A juicio de la Junta las "interpretaciones malintencionadas" de los autos "hacen daño a muchas personas y empresas" que aparecen en los documentos remitidos al juzgado "sin estar implicadas en ningún asunto irregular".

En esto último abundó ayer el portavoz socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, quien pronosticó que a medida que se vaya acercando la fecha del 20-N, el PP "va a manipular aún más de manera intencionada y burda la instrucción" de la juez Alaya. La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, mostró su estupor por la inclusión en la investigación de su departamento, que "no tiene nada que ver", con la trama. Aguilera aseguró que lo que han hecho desde Agricultura ha sido conceder subvenciones "conforme a la legislación que permite la normativa europea", sometidas "a inspecciones" que se han cumplido "absolutamente en todas".

Por su parte, el dirigente del principal partido de la oposición, Javier Arenas, volvió a mostrarse ayer convencido de que el jefe del Ejecutivo autonómico, "antes o después" tendrá que dimitir por "dilapidar 1.000 millones de euros de dinero destinado a los parados y trabajadores" en el caso de los ERE, sobre todo después de conocerse la ampliación de las pesquisas de la juez a otras consejerías. Para el líder de los populares andaluces, el presidente de la Junta es "prisionero" de la "presunta prevaricación y malversación" del dinero de los trabajadores y desempleados.

Arenas, que reconoció que ésta es una de las noticias "decepcionantes" en el ámbito político que pudo leer ayer en los periódicos, hizo hincapié en que la Junta "ha dilapidado 1.000 millones de euros", entregándolos "a capricho, a quien quería y como quería".

Para Arenas, el "Gobierno de los ERE no va a sacar a Andalucía del paro", por lo que en su opinión hay "más de 1.200.000 razones [por los 1.232.900 desempleados que hay en la comunidad autónoma según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA)] para el cambio de gobierno".