Andalucía

La Junta quiere renovar la financiación en una Conferencia de Presidentes

  • Juan Bravo solicita por carta a Montero el pago de las entregas a cuenta por medio de un real decreto

Juanma Moreno, Juan Marín y Elías Bendodo, en la bacada del Gobierno del Parlamento. Juanma Moreno, Juan Marín y Elías Bendodo, en la bacada del Gobierno del Parlamento.

Juanma Moreno, Juan Marín y Elías Bendodo, en la bacada del Gobierno del Parlamento. / Julio Muñoz / Efe

El modelo de financiación autonómica cumple este año una década. La norma dice que debe renovarse cada lustro, es decir, el sistema de reparto de fondos estatales entre las regiones lleva cinco años caducado. En 2017, con Mariano Rajoy todavía en La Moncloa, el Gobierno del PP intentó impulsar la renovación la financiación autonómica con una convocatoria de la Conferencia de Presidentes.

Algo más de dos años después, con un cambio de color en el Ejecutivo central de por medio, la Junta aspira a reactivar esta reforma en el mismo foro, según reveló ayer el vicepresidente andaluz, Juan Marín.

El número dos de la Junta defendió la celebración de este organismo, creado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 y que, desde entonces, se ha reunido en seis ocasiones. Desde 2009 la norma que lo rige establece que se debe convocar anualmente, pero no se ha cumplido. Sólo se celebraron dos desde esa fecha. Y ahora Marín lo ve como una forma de acabar con la infrafinanciación de Andalucía.

De cumplirse el deseo del líder de Ciudadanos, Juanma Moreno irá a Madrid con una propuesta de ampliar en 4.000 millones el dinero que recibe la región para sufragar los servicios públicos. Es el documento que, paradójicamente, impulsó la ahora ministra María Jesús Montero cuando era consejera de Hacienda.

Lo llamativo es que Marín, desde la oposición, no se sumó al acuerdo parlamentario de financiación. En la hipotética Conferencia de Presidentes, asegura el vicepresidente andaluz, se podrá plantear una propuesta “más razonable” a la actual. La propuesta del vicepresidente de la Junta es que Andalucía reciba “igual que el resto de comunidades”, con los recursos suficientes que garanticen el Estado del bienestar.

“Hemos demostrado que se pueden bajar los impuestos y recaudar más y seguir aumentando los servicios públicos”, apostilló Marín, quien reconoció que también esto ocurrió en etapas anteriores del PSOE, en referencia a su etapa como socio de los gobiernos socialistas.

Bravo insiste en el Consejo de Política Fiscal

Esa misma ley de financiación autonómica que la Junta quiere dar por finiquitada es la que ha provocado el conflicto que mantiene a las principales figuras de San Telmo en una cruzada contra María Jesús Montero. “No le hemos pedido a Montero nada que no sea nuestro”, indicó ayer en Granada Marín, que recordó que la comunidad tiene garantizados unos ingresos que le permiten seguir bajando la presión fiscal.

De la tarea de las cuentas y los balances que permiten esas reducciones de impuestos se encarga Juan Bravo, titular de Hacienda, Industria y Energía. Fue precisamente el dirigente popular quien remitió ayer una carta a la ministra de Hacienda y Función Pública para pedirle que transfiera a la Junta las cantidades estipuladas en la ley de financiación autonómica correspondientes a 2019. Según el cálculo de la Junta son 1.350 millones de euros, 837 de las entregas a cuenta y 513 de la liquidación del IVA de 2013.

En su carta, Bravo expone la situación pero, sobre todo, argumenta las razones que lo llevan a afirmar que esta transferencia se puede hacer sin los problemas legales que esgrime el Gobierno socialista para rechazarlo. Montero se escuda en un informe de la Abogacía de Estado que considera “ilegal” que un ejecutivo en funciones apruebe el real decreto necesario para actualizar las entregas a cuenta.

El titular andaluz de Hacienda –que considera que el informe no tiene en cuenta el contexto actual– defiende en su misiva que la situación justifica la aprobación de un real decreto por tres razones. Un agujero en el Presupuesto de la Junta de 1.350 millones –o 837 si se circunscribe sólo a las entregas a cuenta– generaría problemas en la prestación de servicios públicos, lo que, en su opinión, convierte en “urgente” la llegada de unos fondos que “afectan al interés general”.

Además, el propio sistema de financiación establece que la llegada de fondos se debe corregir –al alza o a la baja, en función de la recaudación fiscal– dos años después de la cesión de las entregas a cuenta.

Bravo solicita también en su carta a Montero que convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera, el organismo que reúne a las comunidades del régimen común con el Gobierno para asuntos de financiación. La posición de la ministra de Hacienda a este respecto se hizo pública antes del envío de la misiva. Por la mañana, Montero se remitió al argumento al que lleva agarrada desde hace semanas: sin investidura no hay posibilidad de actualizar las entregas a cuenta. Después, en caso de que Pedro Sánchez logre repetir en La Moncloa, se harán las reuniones “que hagan falta”.

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