El caso Arcos, que investiga la presunta trama de corrupción destapada en el municipio malagueño de Alcaucín, vuelve a escena.

Tras varios meses de letargo, el PP quiere reactivar la comisión de investigación que abrió la Diputación malagueña para dilucidar cualquier implicación en este asunto. El secretario general del PP, Francisco Salado, mostró ayer las misivas que un vecino de la localidad (cuya identidad no fue desvelada) remitió en 2006 y 2007 al PSOE informando del "desorden urbanístico" existente y de "sociedades mercantiles supuestamente vinculadas con el alcalde", ahora ex regidor, José Martín Alba, detenido en el marco de esta operación.

Los escritos estaban dirigidos a la entonces secretaria general del PSOE, Marisa Bustinduy; el presidente, Juan Paniagua, y el secretario de Política Municipal, Luis Reina. En uno de ellos, el denunciante señala que a pesar de sus advertencias sobre "la política escandalosa de Alcaucín", ve "con estupor que nada se hace" y recuerda que informó a Reina de una obra ilegal y la "dudosa" relación del alcalde con un promotor. Además, afirma que de todo ello tenía conocimiento el entonces secretario de Organización Francisco Fernández España.

Por ello, Salado reclamó la comparecencia en la comisión de investigación tanto de Fernández España como de Bustinduy, al tiempo que exigió la dimisión de ambos. "La mano que el secretario general del PSOE, Miguel Ángel Heredia, y el presidente de Diputación, Salvador Pendón, han puesto en el fuego por Fernández España les huele a chamusquina", comentó.

También denunció la vinculación de un aparejador implicado en el caso de Alcaucín con la institución supramunicipal, al ser responsable de una empresa integrante de la UTE a la que la Diputación contrató la gestión de los escombros de las comarcas de la Axarquía y el Guadalhorce. Salado destacó que este profesional asesoró al Ayuntamiento de Almáchar, entre otros, cuando Fernández España ocupaba la Alcaldía.

Desde el PSOE, el secretario de Organización, Francisco Conejo, pidió la comparecencia en la comisión de Diputación de la edil de Urbanismo de Torremolinos, María Isabel Llamas, que fue asesora jurídica del Ayuntamiento de Alcaucín durante varios años. "Queremos saber si hizo informes sobre los hechos que se investigan, en qué sentido se hicieron, si los ha hecho sobre empresas de familiares...", dijo Conejo, quien admitió la existencia de escritos enviados al PSOE en 2006 y 2007, pero precisó que el vecino "nunca aportó pruebas que demostrasen que hubo una trama de corrupción".