El coordinador del Área Económica y portavoz de Economía del Grupo Parlamentario del PP-A, Rafael Carmona, aseguró ayer que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "es el responsable de la trama organizada desde el Gobierno" andaluz "para usar fraudulentamente los fondos públicos", ya que "todos los informes apuntan a la misma persona, a Griñán", en el caso de los ERE fraudulentos. En rueda de prensa en Sevilla junto a la portavoz popular de Vivienda, Alicia Martínez, Carmona subrayó que los informes realizados por la Guardia Civil, la Cámara de Cuentas, la Intervención General de la Junta y la propia juez instructora del caso, Mercedes Alaya, en torno "al mayor escándalo de corrupción" de la democracia "coinciden" en que "era una trama organizada para usar fraudulentamente fondos públicos, y todos los informes apuntan a Griñán".

Carmona se refirió en este contexto a las declaraciones "absolutamente inaceptables" de la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, "que ayer [por el sábado] arremetía contra la Guardia Civil, una institución importantísima en nuestro Estado de Derecho" que señalaría a los socialistas "por haber realizado acciones ilegales". "No son las formas, Díaz se ha excedido, tiene que ajustarse el nuevo traje, tiene que saber que forma parte del Gobierno, no se puede menospreciar la labor que realiza la Guardia Civil", resumió Carmona.

El coordinador del Área Económica de los populars andaluces se refirió también a las declaraciones del consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, en una entrevista con este diario publicada ayer, en la que aseguraba que en este caso "ha habido un uso fraudulento de un sistema legal". "Se trata de un sistema absolutamente ilegal, y eso es algo reconocido por todos, incluso por su propio Gobierno", matizó Carmona. Así, el dirigente popular aseguró que la propia Junta "está remitiendo resoluciones a todas las empresas a las que se concedieron ayudas comunicándoles la nulidad de esos acuerdos en base a la ilegalidad en que fueron concedidas", tras lo que criticó la "actitud" mantenida por el PSOE en el caso ERE, que llegó a "arremeter brutalmente" contra la juez. "Díaz dice que es una causa general, como si fuera una Inquisición, pero tiene que asumir sus responsabilidades, ella y sobre todo Griñán", pues se creó "un sistema para repartir fondos públicos entre los amigos del poder y del PSOE".

Por otra parte, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso ERE, anunció ayer una querella criminal contra el presidente Griñán, su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, y los ex consejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, entre otros. El anuncio se produce después de conocer el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, en el que se manifiesta que el Consejo de Gobierno de la Junta "conocía" el convenio firmado en 2001 por el que se regularon las ayudas que están siendo investigadas por la juez Alaya.

En un comunicado, Manos Limpias recordó ayer que, en su día, "ya anunció la implicación de los máximos responsables de los gobiernos de Chaves y Griñán", señalando que, "ahora, a la vista del atestado de la UCO, se ha puesto de manifiesto que los sucesivos gobiernos de Chaves y Griñán conocían el convenio y el uso de los fondos públicos utilizados fraudulentamente". La implicación de ambos "sería en calidad de cómplices, encubridores y cooperadores necesarios en el fraude de los ERE".