“Un lío jurídico sin precedentes” y “de consecuencias desconocidas”. El diagnóstico no llega en boca de Adelante Andalucía, cuyos parlamentarios pidieron la dimisión de la entonces portavoz de IU (y hoy de Por Andalucía), Inma Nieto, responsable de la expulsión de nueve parlamentarios que el Tribunal Constitucional considera que no respetó sus derechos políticos. Llegó del portavoz del PP, Toni Martín, quien alertó sobre las repercusiones que tendrá en el Parlamento andaluz una vez se conozca el fallo del máximo tribunal.

Al haber sido una decisión colegiada de la Mesa del Parlamento, ésta responde ante ella. Hay que recordar que la decisión de avalar la expulsión llegó mientras la Cámara era presidida por Marta Bosquet de Ciudadanos y con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios salvo los dos representantes del PP que se abstuvieron. Lo que se conoció durante la tarde del martes fue un resumen del contenido de una sentencia que se espera de una manera inminente. El cómo restituirá esos derechos políticos que fueron conculcados es lo que tiene descolocados a todos los responsables parlamentarios, aún cuando los actuales no estaban en esos mismos cargos cuando se produjeron los hechos.

Los afectados tampoco ahorraron críticas. El portavoz de la formación, José Ignacio García, acusó a Inma Nieto de estar “inhabilitada políticamente y debería dimitir por ser la responsable de la voladura de la izquierda andaluza”. A su juicio “se pusieron de acuerdo incluso aquellos que nunca lo hacen porque había más interés en que no existiera Adelante Andalucía que mejorar la vida de los andaluces”. García recordó cómo en aquellos días “se nos llamó tránsfugas, corruptos; dijeron que Teresa Rodríguez se quedó con 800.000 euros, cuando ellos han sido los que se han quedado con dos millones de euros que no les correspondían”.

La parlamentaria de la misma formación, Maribel Mora, calificó de “varapalo monumental” la sentencia del Constitucional al convertirles en diputados no adscritos “se les relegó a la irrelevancia y se nos limitaron todos los derechos”, en una actuación de la mesa del Parlamento que tampoco dudó en calificar de “vergüenza”.

Inma Nieto, responsable de esa decisión, defendió su actuación y apeló al “vacío jurídico” existente en el Reglamento de la Cámara andaluza, que no contemplaba casos como era el paso “a los no adscritos de parlamentarios que han decidido desvincularse de la formación con la que se presentaron a las elecciones”. Según la actual portavoz de Por Andalucía, “si se hubiera producido una reforma, sí se hubiera podido llevar a cabo mediante una forma jurídica concreta” y añadió que se trata “de una manera de actuar que ya se lleva a cabo en los ayuntamientos”.

Inma Nieto mantuvo ayer la decisión tomada hace tres años.

Sobre la petición de dimisión solicitada por quienes eran sus compañeros de grupo parlamentarios, Nieto se escudó en que “no voy a entrar en eso”, lo mismo que la solicitarle la asunción de responsabilidades, reconoció que “todavía o tenemos el contenido exacto de la sentencia”.

Donde no coincide con el Constitucional es cuando afirmó que “los derechos de los diputados se conservaron intactos”. Hay que recordar que en el avance de la sentencia, el tribunal asegura que se conculcaron sus derechos políticos, toda vez que su expulsión “afectó al núcleo de la función representativa como diputados”, puesto que “pasaron a tener una condición desventajosa”. De hecho, lo que el tribunal considera es que se conculcaron derechos fundamentales recogidos en el texto constitucional, no en el Reglamento de la Cámara o en la Ley de Bases de régimen local que también fueron esgrimidas ayer por Nieto.

Por su parte, el portavoz popular, señaló que las graves consecuencias que pudieran derivarse de la sentencia del Tribunal Constitucional, responden al “legado de los partidos de izquierda a este Parlamento, donde han trasladado sus batallas internas, sus porquerías y su incapacidad de entenderse” y también sorprendió el reproche realizado a Inma Nieto cuando le preguntaba en voz alta si “no se da cuenta de que hay una sentencia del Constitucional que va en la dirección contraria a lo que ha dicho”. A juicio de Martín, lo más preocupante del asunto es “que no va a ser Nieto, ni los diputados de su grupo quienes asuman las consecuencias, sino que las responsabilidades acabarán recayendo en esta Cámara, ya que los siguientes pasos que seguirán los diputados afectados serán pedir que se compensen los perjuicios ocasionados”.

El PSOE dejó escapar la oportunidad de entrar en el asunto y se limitó a expresar que es “una cuestión que un grupo político llevó y elevó” al Constitucional, y este tribunal “ha resuelto” con una decisión que los socialistas “respetamos”. “Y las consecuencias que tenga esa decisión las tendrá que definir el propio Tribunal Constitucional”, añadió Ángeles Férriz.

Por último, el portavoz adjunto de Vox, Ricardo López Olea, consideró que la decisión fue “conforme” al Reglamento de la institución. A su juicio el TC siempre “llega tarde” y es evidente que, en este caso, esa dilación ha “perjudicado” a Teresa Rodríguez y los otros diputados expulsados. En su opinión, estamos ante un “cambio de doctrina"  del Tribunal Constitucional.