Los recursos ante el Tribunal Constitucional de Andalucía, y también de Cataluña y País Vasco, a los recortes sanitarios y educativos no parecen preocuparle mucho al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy. Su única inquietud, según manifestó ayer en Oporto, al término de la XXV Cumbre luso-española, es que estas comunidades, al igual que las demás, no cumplan ese objetivo del déficit del 3% del PIB. Eso sí, ha dicho que no tiene "ninguna razón para pensar" que no vayan a hacerlo.

"Puedo asegurar que no estoy preocupado por esos anuncios, se lo digo sinceramente, no estoy preocupado por eso", afirmó, aunque reconoció que sería "mejor" si esos recursos no llegaran a presentarse ante el Constitucional, porque lo que a él le "preocupa" es "la realidad" que está viviendo el país con la crisis económica. "Lo que me importa es que sean conscientes de donde estamos y que cumplan sus compromisos porque esto no es cosa sólo del Gobierno de la nación, esto es cosa de todos", recalcó, para añadir que no tiene "ninguna razón para pensar" que ninguna comunidad no vaya a cumplir con el objetivo de déficit.

El jefe del Ejecutivo señaló que las comunidades autónomas "son conscientes de la situación" por la que está pasando el país". "Estoy absolutamente convencido de que harán el esfuerzo del que sean capaces porque lo que se juegan es el futuro del conjunto de España y de todas sus comunidades autónomas", proclamó. Afirmó que todos saben lo que hay que hacer, algo que según ha dicho le "anima". "Lo que me anima es que sabemos lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer aunque tarde tiempo en producir efectos", indicó.

Lo que tampoco parece importarle al Gobierno de la nación, ni al PP, según el PSOE, es el Estatuto andaluz y las obligaciones que en materia presupuestaria recoge. Este martes la bancada popular en el Congreso, en el marco del debate de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), se opuso a que Andalucía reciba 3.900 millones que le adeuda, a lo que se sumó que el portavoz del PP en Administraciones Públicas, Juan José Matarí, dijera que los estatutos de autonomía no obligan al Estado a invertir ninguna cantidad concreta en las comunidades autónomas.

El PSOE consideró que, con ambos gestos, lo que hace el PP es convertir el Estatuto en "papel mojado". El máximo responsable,, según el portavoz del Grupo parlamentario socialista, Mario Jiménez, es el presidente del PP-A, Javier Arenas, a quien conminó a dar una explicación "convincente" y de manera "inmediata" en el Parlamento andaluz. También puso en el punto de mira a Arenas el portavoz de IU, José Antonio Castro, que le definió como "el andaluz más antiandaluz de esta tierra" por este "desprecio" de su partido al Estatuto.

En un lenguaje más institucional se pronunció la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, que pidió al Gobierno de Rajoy que recapacite y ponga fin a las "agresiones" hacia Andalucía. "Los andaluces nunca hemos pedido más de lo que nos corresponde, tan sólo lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía", indicó Díaz, para quien es "lamentable" que el diputado andaluz del PP Juan José Matarí, una persona cercana a Arenas, "despreciara el Estatuto de Autonomía, a los andaluces y la voluntad de esta tierra", justificando el rechazo a esas enmiendas con argumentos como que "no son tiempos de cumplir estatutos".

Para Susana Díaz, es realmente "lamentable" esa justificación de Matarí, así como que el propio Javier Arenas ya votase en el Senado en contra del 17,8% de inversión del Estado en esta comunidad, algo que se recoge en el Estatuto de Autonomía.

El PP situó estas reacciones a la estrategia de "confrontación" del Gobierno andaluz y advirtió que sobre estos asuntos se debe dialogar y actuar con lealtad institucional. Sobre el desencadenante del conflicto, Rojas dijo que el PP-A "comparte todas las declaraciones" realizadas por Matarí, y acerca de la acusación del PSOE de que el PP quiere convertir el Estatuto de Autonomía de Andalucía en "papel mojado", dijo que este tipo de expresiones son "ya habituales" entre los socialistas.

El montante que, según el Gobierno andaluz, adeuda el Estado a Andalucía es el resultado de sumar los 1.700 millones de las partidas no ejecutas en los PGE de 2008 y 2009; 1.900 millones de la deuda histórica; y casi 500 millones para que los PGE de 2012 cumplieran con la inversión por población en Andalucía (17,8%).