El juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, que investiga el escándalo de las facturas falsas de la UGT-A, ha abierto juicio oral contra la antigua cúpula de la UGT-A, a la que ha impuesto en concepto de responsable civil subsidiario una fianza de 40,7 millones de euros, en el caso de que los procesados vinculados a la organización sindical no presten la fianza que se les ha exigido.

El auto del instructor fija precisamente esa fianza de 40.750.047 euros para el que fuera ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, que deberá responder de la misma de forma conjunta y solidaria con el ex tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín Osuna y el consejero delegado de Soralpe y Mas P Asociados Enrique Emilio Gocicoechea Salazar.  A María Dolores Sánchez Montaño, responsable del departamento de compras de UGT-A, le impone una fianza de 4.288.707,74 euros. 

En la causa, que será enjuiciada en la Audiencia de Sevilla, hay 15 acusados, cinco de ellos vinculados a la organización sindical y los otros diez entre proveedores del sindicato. El juez requiere a UGT-A para que como responsable civil subsidiario preste la fianza de 40,7 millones en el supuesto de que los cinco procesados "no presten la fianza exigida" para asegurar la "responsabilidad civil que pudiera derivarse de la causa, con apercibimiento del embargo de sus bienes en cantidad suficiente caso de no prestarse". El juez ha abierto juicio oral por delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil.

El magistrado ha citado entre los días 15 y 17 de junio a los 15 acusados para notificarles el auto de apertura de juicio oral y, a continuación, los autos se enviarán a la Audiencia de Sevilla para su enjuiciamiento en los próximos meses, aunque el juicio podría retrasarse debido al colapso de la Audiencia, que se ha visto agravado con el parón provocado por la crisis del coronavirus, con lo que es previsible que el juicio no se celebre, en principio, hasta el año que viene.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hasta siete años de cárcel y multa de 50 millones de euros para la antigua cúpula de la UGT-A por delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, en relación con el escándalo de las facturas falsas y un fraude que asciende a 40,7 millones.

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido siete años de prisión y multa de 50 millones de euros para el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y la misma pena para el ex tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín Osuna y el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L. Enrique Emilio Goicoechea Salazar,  mientras que para la responsable del departamento de Compras de UGT-A María Dolores Sánchez Montaño ha solicitado cinco años de cárcel y multa de 50 millones.

Para los otros diez acusados, los proveedores del sindicato, la Fiscalía reclama penas de tres años de prisión y multas de doce meses a una cuota diaria de 12 euros (3.600 euros). Además, la Fiscalía reclama que en concepto de responsabilidad civil Francisco Fernández Sevilla, Federico Fresneda, María Charpín y Enrique Goicoechea indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con la cantidad de 40.750.047,74 euros, y Dolores Sánchez con 4.288.707,74 euros.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal delegado de Anticorrupción en Sevilla Fernando Soto considera además responsable civil subsidiario al sindicato UGT-A por la totalidad de las cuantías presuntamente defraudadas, esos 40,7 millones de euros, y también lo hace responsable solidario de las multas que solicita para la antigua cúpula de la organización sindical ahora procesada, tal y como ha aceptado ahora el juez en el auto de apertura de juicio oral, que tiene fecha del 13 de marzo pasado.

En cuanto a los proveedores, el Ministerio Público reclama indemnizaciones que oscilan entre los 638,56 euros y el millón de euros, y también considera responsable civil subsidiario de determinadas cuantías a las empresas proveedoras como Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar DM, Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Caronte y Carpetas Badía.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal relata que UGT-A, dada cuenta su "posición política, social y económica, como institución de relevancia en nuestro sistema político", ha venido siendo beneficiario de numerosas subvenciones. Un nutrido grupo de estas fueron las subvenciones destinadas a impartir formación, como una de las materias claves en las políticas activas de empleo, "singularmente en una Comunidad Autónoma como Andalucía, donde el paro es un grave problema", precisa Fernando Soto.

Para la correcta ejecución de los programas formativos, el sindicato se servía de recursos propios y ajenos, y en especial de las entidades Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y  Soralpe I Mas P Asociados Sl Unipersonal -cuya finalidad pretendida era crear una estructura de aulas y la gestión de las mismas, manteniéndolas en condiciones técnicas y equipadas para la formación, detalla el fiscal-.

El fraude del rápel y el bote

El Ministerio Público centra la acusación en 14 expedientes de subvenciones otorgadas al sindicato y recoge como mecanismos de defraudación la creación de la central de compras y la utilización de los denominados "rápel" y "bote".

Dice el fiscal que la creación de la llamada Central de Compras fue decisión directa del secretario general Manuel Pastrana Casado -que no ha sido enjuiciado por sus problemas de salud-, en fecha no determinada del año 2006 y continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández, que le sucedió en el cargo. Su objeto inicial era centralizar la relación con los proveedores de UGT de Andalucía, a los que se fueron uniendo las distintas uniones provinciales así como empresas y fundaciones vinculadas a UGT.

En cuanto al rápel, el fiscal precisa que era Federico Fresneda quien seleccionaba los proveedores del sindicato "sin más criterio que su libre voluntad" y atendiendo a la aceptación de las condiciones que se les imponían. Así, negociaba con los proveedores del sindicato ese rápel, un descuento ante la ingente actividad comercial. Estos descuentos, se pactaban como cláusula expresa en cada contrato o bien verbalmente. 

Fresneda "exigió que estos descuentos no se materializaran en las distintas adquisiciones de bienes o prestaciones de servicios conforme se adquirían y prestaban y consecuentemente con plasmación en cada factura emitida, sino que se realizara al final de cada ejercicio fiscal". De esta manera, prosigue el fiscal, se materializaba mediante una contra factura de abono, en la que el proveedor devolvía de una vez, la totalidad del descuento al sindicato en la cuenta marcada por este en ocasiones y en otras en metálico. Sin embargo, en la cuenta justificativa que se rendía ante la administración concedente, la Dirección General de Formación, se presentaba "la primera factura sin incluir ese descuento, ocultándolo y lucrándose así en el exceso".

En la rendición de cuentas que Fresneda presentaba periódicamente ante la comisión ejecutiva del sindicato, se incluía el monto obtenido por el rápel, se informaba sobre el mismo y al mismo tiempo se decidía sobre la propuesta de reparto por la comisión entra las distintas Uniones Provinciales. La gestión contable de este rápel se realizó en origen a través de hojas de cálculo excell, sin embargoante el volumen que adquirió, se terminó materializando en el programa de gestión Spyro.

En cuanto al denominado bote, el fiscal señala que con esta figura, el sindicato, a través de Federico Fresneda, María Charpín y Dolores Montaño, se encargaba la elaboración de "facturas simuladas, que sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con los proveedores, siempre previo pago de esas facturas". De este modo la factura, que de ordinario se identificaba con un programa formativo o conceptos genéricos, "se presentaba ante la administración como parte de la cuenta justificativa".

Esto permitía que el sindicato "sostuviera y financiara actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese bote. Así y de esa manera, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación".

De la misma manera que con el rápel, esto se realizaba sólo con proveedores de confianza seleccionados por Federico Fresneda. Igualmente llegó a tener plasmación contable y registral en el aplicativo Spyro, programa informático que contaba "con apartados para asentar tales anotaciones al margen de la legalidad".

Según el Ministerio Público, fue María Charpín, quien en las sesiones de trabajo con los responsables de la implantación del programa Spyro, "exigió que este programa informático contemplara estos apartados, y exigió a sus creadores que lo incluyeran. A tal extremo llegó, que incluso difundió un manual de usuario entre los empleados, en los que se daban instrucciones de cómo manejar y contabilizar las facturas de bote y rápel y tal fue su osadía, que llegó a poner ejemplos en el manual con un proveedor real de los que facturaban falsamente: Lienzo Gráfico", sostiene.

Financiar la acción sindical con el fraude

Añade el fiscal que los saldos favorables al sindicato obtenidos con esta defraudación se destinaban a financiar la acción sindical, y así destaca alguna de las descripciones referentes a los albaranes: "1000 Pay Pay orgullo al  50% CC.OO.", "Globoso rojos con lomo UGTA", "Set de bolígrafos SA organización" (Publicar DM); "5.000 carteles Manifestación 7 de octubre logos UGT-A"; "10.000 pegatinas superagarre Manifestación 7 de octubre logos UGT-A"; "Revista digital Cutural-Alb.Ajuste"; "Diseño bandera Andalucía Movilizaciones 15 de septiembre a Madrid" (Lienzo Gráfico); y "1PC TONI, c/Goles", "PC ́S Prensa", "2 PC ́S Paco Mateos y Nieves" (SIOSA).

En cuanto al rápel, el sindicato UGT-A habría recibido en los ejercicios 2005 a 2013la cantidad total de 3.440.765 euros, importe que en su mayor parte se abonó en efectivo. El descuento generado seria de 1.024.052,51 euros en la empresa Karonte Nuevos Desarrollos, de 788.813,38 en Siosa, de 707.982,94 a través de la sociedad Publicar D&M, 515.216,66 de Chavsa, y 105.900,19 euros de Lienzo Gráfico.