"Está prevista", "está en elaboración", "se ha propuesto", "se está ultimando" y "está en tramitación". Según la asociación Plena Inclusión Andalucía, estas son las "calificaciones" de muchas de las medidas incluidas en el Plan de Actuación para la Mejora de la Atención al Alumnado Escolarizado en Centros Específicos de Educación Especial 2012-2015, que la Junta está evaluando tras finalizar su aplicación el pasado curso con parte de sus propuestas sin llevar a cabo.

El propio Parlamento instó al Ejecutivo hace casi un año que extendiese al actual ejercicio la aplicación de las medidas incluidas en este plan y que quedan por ejecutarse. Ciudadanos logró sacar adelante una proposición no de ley que fue apoyada por el resto de grupos en cuatro de sus cinco apartados y que instaba a reactivar el plan, con especial atención a la dotación de infraestructuras y a determinados servicios complementarios, como el comedor.

Educación asegura que están evaluando el plan, que estuvo vigente hasta el pasado curso

A estas peticiones se suma el tejido asociativo, representado en gran parte por Plena Inclusión Andalucía, que gestiona la mayoría de los 43 centros específicos de educación especial de la comunidad. La entidad señala tres ámbitos donde el avance del plan ha sido especialmente lento: infraestructuras, dotación de recursos humanos y servicios complementarios. Sí reconocen las mejoras de tipo administrativo y de gestión llevadas a cabo por la Consejería de Educación.

Para fiscalizar la norma, la propia Administración puso en marcha una comisión regional de seguimiento de carácter general junto con dos grupos de trabajo específicos. Uno tenía por objetivo definir los requisitos mínimos de equipamiento de los centros específicos de educación especial y el otro determinar los perfiles profesionales que debe haber en sus plantillas. Sin embargo, desde Plena Inclusión denuncian que "poco después de su constitución" se paralizaron las reuniones de estos grupos separados, mientras que la comisión regional se ha celebrado "en contadas ocasiones".

"La administración es sensible a estos asuntos, pero hay demasiada burocracia", apunta Antonio Fernández, presidente de Plena Inclusión y padre de un menor escolarizado en uno de estos centros específicos. Fernández valora los dos millones de euros consignados en los Presupuestos de la Junta para este año, pero insiste en la necesidad de reactivar el plan.

El Defensor del Pueblo Andaluz se alinea con las posiciones de Plena Inclusión. En su último informe anual muestra su preocupación por la falta de equipamientos "como pizarras digitales" y por que "no se hayan definido los perfiles profesionales de las personas que prestan servicios en estos recursos educativos, ni se haya determinado la ratio profesor/alumno"·

Hay otra carencia más en la que coinciden la asociación y la oficina que dirige Jesús Maeztu. Los servicios complementarios, como el aula matinal o el comedor, no se prestan en los centros específicos de educación especial concertados, que son la mayoría. "El comedor es muy importante porque la mayoría de niños tienen problemas de deglución", apunta Fernández. Precisamente, Educación sacó el año pasado una línea de subvenciones para poder sufragar el coste del servicio, después de las quejas del movimiento asociativo recogidas por el Defensor del Pueblo en su informe de 2015.