El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, da por anulada la condena a muerte a Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza, basándose en la ley de memoria histórica, según ha indicado en una carta remitida al Ayuntamiento de Casares (Málaga), que había solicitado dicha invalidación.

Según el escrito, la ley de memoria histórica "reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la dictadura". Además, la disposición legal declara "la ilegitimidad de órganos y tribunales creados con sujeción a dicha normativa, así como de las sanciones y condenas impuestas por los mismos".

La alcaldesa del municipio natal de Infante, Antonia Morera (IU), indicó ayer que no está de acuerdo el fiscal, ya que no anula la sentencia ni repara la figura de Blas Infante, sino que se basa en la ley de memoria histórica y "da por hecho que todo queda invalidado". Aseveró que esta ley "lo único que dice es que son ilegítimas las personas que pusieron la sentencias, pero no hace mención a la nulidad de la condena en sí". "Entendemos que el fiscal, o bien no conoce la ley, o existe otra interpretación que desconocemos, por lo que seguiremos trabajando por conseguir la nulidad", apostilló Morera, que pedirá al Gobierno andaluz que se una a esta petición.

El coordinador en Málaga de IU, José Antonio Castro, indicó que la respuesta de Conde-Pumpido conllevaría que "todas" las sentencias de la dictadura serían "nulas de pleno derecho", y apuntó que "o desconoce la ley o quiere que IU y Casares dejen de dar la tabarra".