La Fiscalía demanda al Gobierno medidas contra la extracción ilegal de agua en Doñana

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha formalizado este viernes una demanda contra la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) exigiendo que "ejerza su competencia en materia de responsabilidad medioambiental" y acuerde "medidas efectivas de prevención, evitación de nuevos daños y reparación" sobre los particulares y entidades identificados como causantes de extracción ilegal y masiva de aguas subterráneas en Doñana. Según datos oficiales, el número de responsables asciende a 250 personas, distribuidas principalmente entre las provincias de Huelva (198), Sevilla (51) y Cádiz (1).

El organismo judicial ha informado mediante comunicado que esta solicitud se enmarca en las Diligencias Preprocesales 7/2023, donde se reclamó el inicio de un procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental por daños a las aguas continentales del espacio protegido. Sin embargo, el pasado 29 de octubre de 2025, la Secretaría de Estado emitió una resolución inadmitiendo la petición al considerar que no era el órgano competente. Según argumentó, los daños no son exclusivos del Dominio Público Hidráulico sino que involucran "a ecosistemas interconectados y al medio ambiente en general y, en especial, a todo el espacio de Doñana cuya protección y gestión corresponde a la Junta de Andalucía".

Ante esta negativa, la Fiscalía ha decidido impugnar la resolución ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. El Ministerio Fiscal sostiene que la falta de adopción de medidas concretas para evitar y reparar el daño medioambiental en las aguas de Doñana ya provocó en 2021 que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declarara la responsabilidad de España por incumplimiento del derecho comunitario. Esta sentencia europea supuso un toque de atención internacional sobre la gestión del parque nacional.

La respuesta del Ministerio de Transición Ecológica

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) han asegurado a Europa Press que el departamento actúa dentro de sus competencias para cerrar los pozos ilegales detectados en el entorno de Doñana. Según explican, "la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) actúa dentro de su competencia cerrando pozos ilegales cuando corresponde, pero no tiene la facultad de cerrar o precintar fincas, ya que estas cuestiones recaen en otras administraciones".

El organismo ministerial destaca que la CHG ha venido actuando de manera continua y coordinada con la Fiscalía, la Guardia Civil y sus propios servicios ambientales en lo concerniente a la intervención de las parcelas identificadas. Según detallan, la Confederación mantiene en su actividad ordinaria expedientes abiertos en aquellos casos donde se detecta una extracción de agua sin concesión o que supera los límites establecidos en la autorización correspondiente.

Plan de intervención y reducción del regadío irregular

Desde el Miteco informan que la CHG ha elaborado un plan específico de intervención en Doñana con toda la información recabada para revertir la sobreexplotación de las masas de agua subterráneas afectadas. Según los datos aportados, desde el inicio de este plan se ha logrado reducir a menos de la mitad la superficie de regadío irregular que fue detectada inicialmente en el perímetro del espacio protegido.

"Se sigue trabajando con el objetivo de reducir esta cifra a cero. Nuestro objetivo es claro: cero pozos ilegales", subrayan las fuentes consultadas. Como referencia, mencionan el caso del Mar Menor, donde se ha implementado el Marco de Actuaciones Prioritarias, un modelo de restauración que consideran hermano del que están desarrollando actualmente en Doñana. Este sistema ha permitido cerrar la totalidad de los pozos ilegales en esa zona del litoral murciano.

Tecnología de teledetección e inteligencia artificial

Recientemente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha puesto en marcha un sistema de teledetección basado en inteligencia artificial que permite obtener información más precisa en tiempos considerablemente más cortos. Esta herramienta tecnológica agiliza la respuesta ante nuevas extracciones irregulares y, al ser un sistema de consulta totalmente pública, aporta un elemento visual que hace más visible el problema ante la ciudadanía.

Además, según explican desde el ministerio, este sistema lanza un mensaje disuasorio a los potenciales infractores, ya que cualquier persona puede consultar en tiempo real las zonas donde se están produciendo extracciones sospechosas. La transparencia del sistema pretende aumentar la presión social sobre quienes realizan prácticas ilegales que ponen en peligro el equilibrio del ecosistema de Doñana.

Sanciones y obligaciones de restitución del terreno

Respecto a las consecuencias legales, cada expediente sancionador determina las multas y las obligaciones de restitución derivadas de los daños al dominio público hidráulico. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir impone sanciones económicas y, cuando se generan daños al dominio público, establece la obligación de reponer el estado del terreno afectado a su situación original.

Tanto la CHG como el Ministerio de Transición Ecológica reportan periódicamente a la Comisión Europea sobre el progreso en la restauración del equilibrio medioambiental en Doñana. Este trabajo de seguimiento se lleva a cabo en colaboración estrecha con la Fiscalía y forma parte de la actuación interna de la administración española para cumplir con las exigencias comunitarias tras la condena del TJUE.

Marco jurídico de la responsabilidad medioambiental

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recalca en su demanda que la exigencia de responsabilidad medioambiental concierne al derecho constitucional de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. "En cuanto principio rector de la política social y económica, su reconocimiento, respeto y protección debe informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos", destaca el organismo.

Este planteamiento jurídico sitúa la protección de Doñana no solo como una obligación administrativa sino como un derecho fundamental reconocido en la Constitución española y reforzado por la normativa europea. La coordinación entre administraciones resulta esencial para garantizar que las competencias compartidas no se conviertan en espacios de inacción que permitan la continuidad de prácticas lesivas para el medio ambiente.

¿Qué es el Parque Nacional de Doñana?

El Parque Nacional de Doñana constituye uno de los espacios protegidos más importantes de Europa, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Situado en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, este humedal alberga una biodiversidad excepcional con especies en peligro de extinción como el lince ibérico y el águila imperial.

Su ecosistema depende críticamente del equilibrio hídrico, siendo las aguas subterráneas fundamentales para mantener las marismas, lagunas y bosques que conforman el parque. La extracción ilegal de agua para regadío agrícola ha provocado un descenso progresivo del nivel freático, amenazando la supervivencia de numerosas especies y el propio funcionamiento del ecosistema.

¿Por qué España fue condenada por el Tribunal de Justicia Europeo?

En 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que España había incumplido sus obligaciones de protección de Doñana al no adoptar medidas suficientes para evitar el deterioro de los hábitats y la perturbación de las especies protegidas. La sentencia señalaba específicamente la extracción ilegal de agua y la expansión del regadío como principales amenazas.

Esta condena europea obligaba al Estado español a tomar medidas urgentes y efectivas para revertir la situación, incluyendo el cierre de pozos ilegales, la regularización de extracciones y la restauración del equilibrio hidrológico. El incumplimiento continuado podría derivar en nuevas sanciones económicas por parte de Bruselas.

¿Qué consecuencias tienen las extracciones ilegales de agua?

Las extracciones masivas e ilegales de agua subterránea provocan un descenso del nivel freático que afecta directamente a las lagunas temporales de Doñana, ecosistemas únicos que dependen de la recarga natural del acuífero. Cuando el nivel de agua baja, estas lagunas pueden llegar a secarse completamente, eliminando el hábitat de especies protegidas.

Además, la reducción del aporte hídrico a las marismas altera los ciclos naturales de inundación y desecación, fundamentales para la reproducción de aves acuáticas y la alimentación de miles de ejemplares que utilizan Doñana como punto de descanso en sus migraciones entre Europa y África. El impacto se extiende también a la vegetación característica del parque, que depende de condiciones específicas de humedad.