Juicio de los ERE

El ex jefe del gabinete jurídico defiende que no tuvo conocimiento de las irregularidades

  • Alega que es un convidado de piedra en este juicio, dado que ni conoció las ayudas, ni el convenio marco ni tuvo participación en las supuestas irregularidades

  • La defensa recuerda que fue su departamento el que inició el procedimiento de "revisión de oficio" de las ayudas y colaboró con la instrucción de la causa judicial

Francisco del Río, durante su declaración. Francisco del Río, durante su declaración.

Francisco del Río, durante su declaración. / EFE

Ni conocía el convenio marco de 2001 ni tuvo participación en la presentación en la Comisión General de Viceconsejeros de la Junta del proyecto de decreto para regular las ayudas. La defensa del que fuera jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río ha pedido su absolución en el juicio por el denominado procedimiento específico de los ERE, alegando que es un convidado de piedra en este proceso, ya que no tuvo ninguna participación en las supuestas irregularidades que se investigan.

El letrado Enrique del Río, que representa al ex jefe del gabinete jurídico de la Junta, ha recordado que fue precisamente él quien inició el procedimiento de "revisión de oficio" de las ayudas y no debe olvidarse, asimismo, la colaboración que desde el gabinete jurídico se ha prestado en la instrucción de la causa de los ERE, ha precisado.

Francisco del Río se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, pero su letrado ha explicado que no participó en la presentación del proyecto de decreto para regular las ayudas en el "consejillo" -como se conocía la Comisión General de Viceconsejeros- porque en este órgano ni siquiera tenía "voto", y tampoco participó en la introducción de las transferencias de financiación para el pago de la partida 31L en los Presupuestos de la Junta, ni tuvo "el menor conocimiento del convenio marco hasta que se inició esta causa judicial y ello a pesar de pertenecer al Consejo Rector de IDEA".

El letrado ha dicho que la Fiscalía sólo en "cuatro o cinco ocasiones deslavazadas" se refiere a Francisco Del Río, pero en ninguna de ellas indica el hecho criminal por el que se le está imputado un delito de prevaricación, y ha defendido que Del Río "no ha estado en la mayor parte" de estos hechos "ni ha participado en lo que se dice que participó".

Sobre el proyecto de decreto, el defensor ha indicado que no lo conoce hasta se le informa de que se había elaborado el mismo y ha rechazado la afirmación que incorpora la Fiscalía Anticorrupción respecto a que como jefe del gabinete jurídico de la Junta y por su asistencia a los consejillos tuvo conocimiento de que "no existía normativa reguladora de las ayudas", algo que es "incierto", porque según ha explicado no puede estar acusado sólo por asistir a esas reuniones porque en las mismas había otros viceconsejeros que no están procesados en este procedimiento y, por tanto, el fiscal "debe decir por qué acusa a algunos de los asistentes y a otros no".

Lo cierto, ha proseguido el letrado, es que Del Río "no podía haber hecho absolutamente nada" con respecto al proyecto de decreto, cuya competencia para presentarlo, dejarlo sobre la mesa o retirarlo, corresponde al viceconsejero que lo propone, en este caso, de Empleo, y se retiró porque se entendía que no se habían introducido en el mismo las modificaciones sugeridas por la Intervención, sobre todo, que fuese una orden y no un decreto.

A Del Río "no le corresponde la normativa reglamentaria"

El letrado ha querido dejar claro que al jefe del gabinete jurídico "no le corresponde la normativa reglamentaria, impulsar u ordenar una norma" y ha recordado que según la Constitución el Derecho Estatal es supletorio al de la Comunidades Autónomas, y en relación con las ayudas estaban las órdenes del Ministerio de Trabajo de 1994 y 1995.

Tampoco conoció el convenio marco de 17 de julio de 2001 porque Del Río no asistió a las dos siguientes reuniones del Consejo Rector de IDEA, la del 23 de julio, donde se informó de la firma de este convenio marco -el letrado ha dicho que es "incierto" que se le facilitara copia del acta de la misma-, y la del 25 de septiembre de 2001, donde se aprueba el acta de la reunión del 23 de julio, por lo que ha cuestionado que la acusación pública pueda haber pasado del hecho de no asistir a esas reuniones a sostener que este ex alto cargo "conocía perfectamente el convenio marco".

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