INMIGRACIÓN | CONSECUENCIAS DE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO

La generosidad de Sánchez con el 'Aquarius' pone el foco en Andalucía

  • La decisión del Gobierno puede generar a medio plazo un efecto llamada de imprevisibles consecuencias

  • Las costas andaluzas son las que más sufren la presión migratoria

Un equipo de Cruz Roja prepara el dispositivo de atención a los tripulantes del 'Aquarius' en el puerto de Valencia. Un equipo de Cruz Roja prepara el dispositivo de atención a los tripulantes del 'Aquarius' en el puerto de Valencia.

Un equipo de Cruz Roja prepara el dispositivo de atención a los tripulantes del 'Aquarius' en el puerto de Valencia. / juan carlos cárdenas / efe

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Con su decisión de acoger en Valencia a los 629 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo central por el barco Aquarius, de la ONG francesa SOS Méditerranée, el presidente Pedro Sánchez ha resuelto el lunes una emergencia humanitaria y se ha dado a conocer en Europa con una bonita tarjeta de visita. Es posible, aunque poco probable, que como prevé su ministro de Exteriores, Josep Borrell, propicie así a la Unión Europea un electrochoque que obligue a dar una respuesta colectiva y solidaria al desafío migratorio. De confirmarse este vaticino, la sacudida la habrían provocado a dúo Sánchez, por el lado positivo, y el derechista italiano Matteo Salvini, por el más pernicioso.

Pero el gesto generoso de Sánchez y las medidas que lo acompañan pueden también suscitar un efecto llamada -lo veremos a medio plazo- y, sobre todo, crean un agravio comparativo entre aquellos inmigrantes que llegan en patera a las costas españolas, sobre todo andaluzas, y los que fueron recogidos por el Aquarius.

No se escatiman medios para convertir su desembarco, probablemente el sábado en Valencia, en una fiesta de la solidaridad. Cruz Roja estará, como de costumbre, a pie de obra en el puerto, junto con la empresa pública Tragsa, que se encargará del avituallamiento, pero otras muchas ONG e instituciones públicas han querido arrimar el hombro ofreciendo apoyo para los pasajeros discapacitados, las mujeres maltratadas o embarazadas y también alojamientos. Incluso una cadena hotelera española Blue Bay Hotels se declara dispuesta a contratar a 20 inmigrantes.

Tras reunirse con la Delegación del Gobierno, en Valencia, la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, anunció incluso el martes por la noche que los inmigrantes no ingresarán en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), esas cárceles administrativas, y que se les concedería el anhelado "estatus de refugiados". Oltra, de Coalició Compromis, no es quien para hacer este tipo de anuncios, que corresponde al Gobierno central, pero 24 horas después de que lo hiciera nadie del Ejecutivo había desmentido o matizado sus palabras. ¿Hay que darlas por buenas?

En condiciones normales, si hubiesen desembarcado de una patera en Andalucía, los inmigrantes magrebíes -a bordo del Aquarius son una treintena- habrían sido rápidamente devueltos a sus países mientras que los subsaharianos -unos 600- ingresarían en los CIE. Unos pocos saldrían de ahí, al cabo de varias semanas, rumbo a sus países de origen y la mayoría lo harían con una orden de expulsión en el bolsillo que les impide regularizar su situación y les obliga a vivir de la mendicidad. Menos del 4% de los solicitantes de asilo (31.728 en 2017) habrían obtenido el preciado estatus.

Aunque ha sido cauta en su valoración del gesto de Sánchez, la presidenta andaluza, Susana Díaz, no puede ver con buenos ojos ese doble rasero en el trato dispensado a los inmigrantes. María del Mar Pageo, la presidenta de Cruja Roja en Andalucía, recordaba que desde el 1 de junio han llegado a sus costas unos 1.200 inmigrantes irregulares, casi el doble de los pasajeros del Aquarius.

El gesto de Sánchez pone el foco en la generosidad de España y el recibimiento por todo lo alto que se brindará en Valencia al Aquarius, con su abundante cobertura mediática, lo pondrá aún más. En Agadez, en el corazón del Sahel, o en Misurata, en la costa libia, algunos candidatos a la inmigración pueden pensar ahora por su cuenta, o inducidos por organizaciones criminales, que la vía española es la más fácil de entrada en Europa.

La ruta migratoria del Mediterráneo Occidental, la que va del Magreb a España, es ya la única que crece en esa región. En 2017 la recorrieron más de 28.000 inmigrantes, la mayoría fueron a Andalucía, y este año se rebasará ampliamente ese número. Son cifras aún manejables, pero si se triplican o se sextuplican -en Italia fueron 181.000 en 2016- es probable que la inmigración se convierta en el asunto central de las campañas electorales españolas y que, como en otros muchos países europeos, surjan y crezcan partidos xenófobos.

Quizás, si se quería ser de verdad solidario, hubiese sido preferible poner en marcha, como preconizaba Carmen de la Fuente, del Servicio Jesuita a Migrantes, "una política migratoria distinta que evite el sufrimiento inútil". Quizás sería preferible que el camerunés que lava coches en la calle en Melilla o en burkinés que mendiga desde hace años en la puerta de un supermercado madrileño pudieran, por ejemplo, trabajar legalmente y no estar condenados a la mendicidad.

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