La hora de pedir responsabilidades

Desde este próximo jueves, las excusas para tirar el hotel del Algarrobico tienen una justificación más complicada. El armatoste que desde hace más de diez años (desde que se iniciaran las obras) ha llevado su imagen blanca como sinónimo de agresión al medio ambiente, tiene los días contados. A las 11:00 la sede del TSJA en Granada pondrá con toda probabilidad fin a un disparate que, por más que alguna institución se lleve las manos a la cabeza de manera airada, supone también una muestra clara de lo que Ayuntamiento, Junta y Gobierno son capaces de hacer cuando quieren hacer algo mal, ya que si hay algo claro en toda esta maraña judicial que tiene un anunciado final de montañas de cascotes es que el hotel no surgió de la noche a la mañana. Hay responsables en todas las administraciones, aunque en este caso lo que no esté tan nítido es que vayan a poner fin a sus respectivas carreras con un final tan abrupto como el del propio hotel.

Y es que las barbaridades que se han escuchado en los últimos años sobre la petición (a veces sonrojante) de una solución sobre el tristemente famoso hotel, llenarían legajos de una reedición de la Antología del Disparate. Desde su comparación con el toro de Osborne, hasta peticiones para que se haga de mármol blanco y así favorecer la industria de la comarca, hasta iniciativas en la Mancomunidad de municipios del Almanzora solicitando su apertura aún cuando el Supremo ya había declarado el inmueble como ilegal, algo que ha costado la imputación a dos alcaldes como autores de sendos delitos de prevaricación.

El jueves se puede dar por fin carpetazo a todo ello. El anterior consejero de Agricultura, Luis Planas, lo dijo el pasado 26 de julio, cuando sostuvo que la de la licencia de obras "es una sentencia clave en el desarrollo de este asunto; cuando se dicte esa sentencia, habrá que pasar a la fase de demolición y reconstrucción y saneamiento de la zona, de recuperación del Algarrobico". Eso, mientras que al TSJA no le de por ponerse flamenco, algo que parece a todas luces una posibilidad lejana, ya que hay dos sentencias del Supremo que avalan la nulidad de la licencia de obras recurrida por la constructora.

Son estas dos sentencias las que permitirán, una vez que el inmueble haya dejado de ser un lastre para la imagen de la provincia entera, solicitar responsabilidades, porque las hay tan grandes como el edificio. Desde el Ayuntamiento de Carboneras en sus distintas legislaturas, hasta el Gobierno que a través de la Dirección General de Costas no supo hacer valer su propia legislación y, especialmente la Junta, que concedió todos los permisos que se solicitaron para la apertura del hotel.

Es al Gobierno autonómico al que le ha caído la del pulpo en forma de dos sentencias del Tribunal Supremo que dejan poco lugar a la interpretación y que son la continuación de lo que les dijo el magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso de Almería, Jesús Rivera, cuando aseguró que la Junta había caído en la "abulia y desidia para con la defensa del interés general en cuanto al respeto de la normativa de costas y medio ambiente". Aún siendo grave, se dio un paso más cuando aseguró que "si el Ayuntamiento no cumplió con el mandato legal, tampoco lo hizo la Junta de Andalucía que mostró una actitud pasiva y condescendiente con las infracciones contra la normativa sectorial de Costas, permitiendo que se iniciase la construcción del hotel". La pretensión de la Junta, aunque ahora se ha arropado el primitivo deseo de derribar el hotel, ha sido la de permitir su finalización y entrada en servicio. Sólo así pueden entenderse lo que el Supremo calificó de "malas artes" a la hora de calificar el suelo en el que se asienta como afectado por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Cabo de Gata del año 2004 y no el de 1998, que concedía al mismo una mayor protección. Se trata de una actuación en defensa de todos los permisos concedidos con anterioridad y que ahora se encuentra más que en entredicho.

La promotora del establecimiento, Azata del Sol, manifestó en el mes de junio de 2012, después de que se conociera que el TSJA había fallado que el hotel se encontraba levantado en un espacio no urbanizable y protegido que, "cuando Azata compró los terrenos en 1999 se nos concedió una licencia porque el proyecto cumplía con la ordenación vigente". Tienen toda la razón.

El jueves, el TSJA continuará por la senda judicial marcada en fallos anteriores. De declarar nula la licencia de obras, es más que previsible que los grupos ecologistas, verdaderos artífices de que el hotel pueda llegar a desaparecer del paisaje almeriense, continúen su lucha por destapar todas las responsabilidades políticas que condujeron a su construcción y es entonces cuando nos vamos a divertir.