El juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla investiga desde el año 2019 un presunto fraude masivo con facturas en la Estación Biológica de Doñana en el que hay ya 32 personas imputadas. Entre los principales investigados se encuentran el que fuera jefe de servicio de mantenimiento de instalaciones y parque móvil de la Estación Biológica durante 15 años, Raúl S. B., y un gerente ya jubilado, Carlos S. J., mientras que la mayoría de los investigados se corresponden con las empresas proveedoras de servicios.

Ambos ya han sido citados a declarar por la juez, si bien Raúl S. J. se acogió en noviembre de 2021 a su derecho a no declarar alegando que aún quedaba documentación por aportar a la investigación. La Abogacía del Estado, que está personada en la causa, solicitó la declaración de ambos y, en concreto, del ex gerente Carlos S. J. -que se jubiló en junio de 2018- por su posible participación en los hechos, dado que en su calidad de gerente de la estación era responsable de las contrataciones y gestiones de la entidad.

El supuesto fraude se destapó con la llegada de una nueva gerente, quien al tomar posesión de su cargo emitió un informe sobre las contrataciones irregulares y la posible malversación que habrían sido "tapadas" por el anterior gerente.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que remitió documentación al Ministerio Público, que acabó denunciando los hechos en el juzgado. En esa denuncia, presentada en octubre de 2019, la Fiscalía hispalense solicitó la imputación de Raúl S. B., que ocupó el cargo de jefe de mantenimiento entre 2003 y junio de 2018.

La Fiscalía recogía entonces una serie de irregularidades, como que no existía un programa informático de compras y pedidos, no se identificaba el objeto de los gastos realizados, no era obligatoria la solicitud de compras validadas por ningún responsable para la adquisición de material y las facturas de reparaciones no iban acompañadas de un presupuesto previo. Tampoco hay copia de contrato alguno suscrito con la Estación Biológica para el mantenimiento de las instalaciones y se pagaron facturas "por trabajos no realizados".

Así, a lo largo de 2017 se pagaron 225.000 euros en concepto de "reparaciones de vehículos del parque móvil", destacando que sólo tres talleres de Sevilla que pertenecen a personas de la misma familia facturaron entre 2014 y junio de 2018 un total de 500.000 euros. La juez Pilar Ordóñez investiga asimismo si se vendieron coches que iban a ser "dados de baja" al dueño de uno de estos talleres y también destaca cómo un único vehículo acumuló reparaciones por importe de 35.000 euros en dos años, dándose la circunstancia de que el valor venal por su antigüedad suponía una quinta parte de esta cantidad. La Estación cuenta con un importante parque móvil compuesto por 60 unidades de vehículos todoterreno, furgonetas, coches y otros vehículos agrícolas, y se sospecha que algunos de los coches vendidos se han utilizado para piezas de repuesto a otros vehículos que posiblemente les hubieran sido cobradas como nuevas.

Un informe remitido al CSIC en enero de 2019 por la nueva gerente de la Estación Biológica de Doñana -que está aportado a la causa judicial- ya detallaba que únicamente hojeando las facturas de algunos talleres se observaba aspectos que no concuerdan, dado que se repetían demasiado algunos conceptos en los trabajos efectuados, tales como "escobillas limpiaparabrisas, pastillas y discos de freno, cambios de aceite, bombillas, limpiezas integrales, ruedas con equilibrado y alineación, inyectores", etc., así como que en algunos de los talleres los importes estaban "redondeados" y a simple vista eran bastante elevados.

Se hacían incluso arreglos de averías o reparaciones que volvían a surgir al mes siguiente y se facturaba por el mismo concepto en lugar de exigir la reparación en garantía. Así, hay algún coche al que se ha renovado las escobillas tres veces consecutivas en los meses de julio, agosto y septiembre, o algún vehículo que ha sido "petroleado" -una limpieza a fondo del motor- más de una vez en un mes, cuando se trata de un procedimiento que suele hacerse pasados varios años debido a los posibles riesgos para el motor, según constó la Policía en uno de los atestados remitido al juzgado.

Además, uno de los vehículos estaba "a disposición de un taller con la tarjeta de carburante incluida", porque al parecer estaba cedido para su uso a cambio de recoger y devolver vehículos reparados.

El informe de la gerente de la Estación ponía de manifiesto igualmente que los vehículos del parque móvil se encontraban en unas "condiciones lamentables de mantenimiento", algo similar a lo que, según recoge dicho informe, se encontraron con respecto a las instalaciones de los edificios en los que "a pesar de pagar a varias empresas por su mantenimiento, todas presentan deficiencias y en muchos casos afectan a cuestiones de seguridad para las personas que trabajan" en la Estación Biológica.

La conclusión a la que llegaba dicho informe consiste en que el responsable de mantenimiento debía ser investigado por la existencia de indicios suficientes de que la gestión de medios económicos, materiales y humanos "no sólo ha sido deficiente sino también interesada, buscando el beneficio personal por vías que habría que esclarecer", al tiempo que indicaba que un análisis detallado del historial de reparaciones de vehículos en los últimos "arrojaría pruebas claras de la mala gestión del responsable de mantenimiento y del gerente".

En esta causa se investiga precisamente si la mayoría de las facturas relacionadas con los servicios de mantenimiento son falsas y corresponden por tanto con trabajos no realizados, o bien se han "inflado fraudulentamente" sus importes.

También se trata de determinar si el que fuera jefe de mantenimiento pudo destruir información sensible sobre sus "ilícitas actividades" que se encontraban en el disco duro de los ordenadores que manejaba, para lo cual se han encargado a la Policía el análisis de los equipos. 

En la causa consta además la adquisición de tres Ipod de Apple por importe de 698 euros que fueron abonados con fondos de la Estación Biológica de Doñana y cuyo destino se ignora. El atestado policial señala que estos tres reproductores de música fueron adquiridos "en una ferretería", de los cuales admeás no se tiene "ni idea del motivo de su compra ni dónde están".

El servicio de Incendios era una "auténtica farsa"

En su denuncia, la Fiscalía sostuvo que el contrato de mantenimiento con el servicio de incendios era "una auténtica farsa", por cuanto aunque fue encontrado un informe favorable del estado de la instalación, una revisión realizada por una empresa distinta pudo constatar que en realidad el servicio de incendio "no se controlaba desde hace años". 

Otras irregularidades denunciadas se centran en el pago de material a otra empresa por el suministro de electricidad que no se habían realizado, o bien que otra empresa diferente que fue contratada para el mantenimiento de gases de laboratorio "nunca realizó las tareas encomendadas" pese a cobrar por este concepto. 

De otro lado, el atestado policial recoge declaraciones de algunos testigos que pusieron de manifiesto que cuando se produjo el cese de Raúl S. B. como jefe de mantenimiento se produjeron "varias anomalías", como la "desactivación de aguas fecales del edificio", sistemas antiincendio o de alarmas.

Otro testigo denunció su negativa a permitir el acceso a su despacho, donde se encuentran la mayoría de los equipos que controlan la estación, así como a facilitar las claves de los ordenadores que controlan la estación, más aún cuando Raúl S. B. se hallaba de baja.

Otro testigo declaró a los investigadores que creía que el jefe de mantenimiento se había "lucrado" con su trato con los proveedores, señalando que cuando informaba a las empresas que se postulaban para trabajar en la Estación Biológica les decía que si querían su autorización "debían hacerle un regalo".

Y también le habían llegado quejas de trabajadores de empresas externas en relación a que el jefe de mantenimiento negociaba con las empresas "contratos para sus familiares y conocidos".