La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE, ha comunicado este jueves oficialmente que ha prorrogado su baja por enfermedad por otros 20 días más, según han informado a este periódico fuentes judiciales. La magistrada se encuentra de baja desde el pasado 12 de septiembre y este jueves le cumplía el último parte de su enfermedad, por lo que en principio debía incorporarse mañana al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Sin embargo, la juez ha vuelto a comunicar hoy un nuevo aplazamiento de su vuelta, presentando un nuevo parte de baja por otros 20 días, con lo que su ausencia del juzgado se aproximará a los cinco meses.

En los últimos meses, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado varios escritos en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla solicitando que se retome la instrucción de la causa de los ERE y de otras que lleva esta magistrada, como el delito societario en la empresa pública Mercasevilla, que fue el origen del escándalo detectado en las ayudas de la Junta. El Ministerio Público ha advertido igualmente del riesgo de que prescriban algunos delitos y ha pedido a la Guardia Civil que “priorice” la investigación de las ayudas de los años 2001 a 2003.

La baja de Alaya ha hecho que estos procedimientos se encuentren paralizados y en la práctica sólo se han realizado determinadas actuaciones estrictamente urgentes, como la decisión que adoptó la juez de refuerzo Ana Rosa Curra el pasado lunes cuando envió a la cárcel a un presunto testaferro que cobraba comisiones de los ERE, Juan Francisco Algarín. Otro juez sustituto, Iván Escalera, decretó el secreto de sumario para facilitar la investigación del blanqueo de capitales relacionado con las denominadas “empresas pantallas” utilizadas presuntamente para reconducir a los circuitos financieros el dinero procedente de las “sobrecomisiones”.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), encargada del control de los refuerzos de los jueces, ha estado muy pendiente en los últimos meses del estado de salud de la juez Alaya y de la evolución de su enfermedad. Algunas fuentes han apuntado que en el caso de que la titular del juzgado no se reincorporara ahora, podría adoptarse algún tipo de medida para evitar que continúe la paralización de una causa de tanta trascendencia y tan voluminosa.

Sin embargo, la llegada de la juez de adscripción territorial Ana Rosa Curra podría aliviar, según estas fuentes, la situación generada por la nueva baja de Alaya, puesto que el juzgado aunque no cuenta con su titular sí tiene actualmente designada una juez de carrera que puede asumir la instrucción de estos procesos y que, de hecho, esta semana ya ha tomado una decisión sobre la situación personal del presunto testaferro. También subrayan que el hecho de que, en esta ocasión, la baja de Alaya se haya concedido por 20 días y no por un mes como las anteriores, podría anticipar que la enfermedad de la magistrada se encuentra en su última etapa y su vuelta podría ser pronto.

En cualquier caso, la nueva baja de Alaya supone un nuevo contratiempo para una instrucción que lleva más de cuatro meses aparcada por la ausencia de la titular. Aunque la juez de adscripción territorial asumiera la investigación de los ERE, necesitaría un mínimo de seis meses para ponerse al día de un proceso que acumula más de 60 tomos y 30.000 folios, e incluso cabría la posibilidad de que se le nombrara un nuevo refuerzo –al igual que tenía Alaya- para dedicarse en exclusiva a los ERE y a otros procesos, mientras que el juez de refuerzo se encargaría del resto de asuntos que se tramitan en este juzgado y de la celebración de las guardias.