El juez abre juicio oral contra el ex líder de Vox Francisco Serrano y le impone una fianza de 3,3 millones de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles derivadas de su enjuiciamiento por el presunto fraude de subvenciones relacionado con la ayuda de 2,5 millones que recibió del Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de pellets en Niebla.

El titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha dictado un auto, al que ha tenido acceso este periódico, en el que acuerda la apertura de juicio oral contra Francisco Serrano y sus ex socios Francisco Javier López Ballesteros y Enrique Pelegrín Díaz. En la resolución, contra la que no cabe recurso alguno, el juez Juan Gutiérrez Casillas acuerda la apertura de juicio oral contra los tres acusados para que sean juzgados en la Audiencia de Sevilla y les impone a cada uno de ellos, como responsables civiles directos, el pago de una fianza de 3.318.667,00 euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele".

El instructor, que ha citado a los tres acusados el próximo 4 de abril para notificarles el auto de apertura de juicio oral, les da un día para que presten esta fianza y les hace la advertencia legal de que, en el caso de no prestar dicha fianza, "se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

La decisión del juez se produce después de que recientemente la Audiencia de Sevilla rechazara un recurso de la defensa de Francisco Serrano y confirmara que los tres acusados se sentarían en el banquillo. El tribunal expuso entonces que los indicios de criminalidad, "sin perjuicio de las pruebas que puedan practicarse en el juicio", revelan que cuando Serrano dimitió de su cargo el 4 de octubre de 2017 en la sociedad Proyectos e Inversiones Serralba, que gestionaba el proyecto de la fábrica, "ya en esa fecha se había dispuesto del dinero procedente del préstamo y se había destinado a fines distintos a la construcción de la fábrica, por lo que el presunto delito ya estaría presuntamente consumado".

En este sentido, los jueces señalan que la trazabilidad de los fondos del préstamo (2.489.000 euros) revela que, una vez ingresado el 29/12/2016 en la cuenta de la socidad Biowood Niebla, ya el 08/02/2017 se ordena el traspaso de 1.400.000 euros a otra cuenta de la mercantil, desde donde se dispone, "en concepto de fondo de inversión y con destino desconocido, de 1.300.000 euros".

Asimismo, de la referida cuenta el 16/03/2017 se sacó la última suma ascendente a 651.000 euros, que se ingresó en la cuenta de Biowood Niebla para "idéntico concepto de fondos de inversión". El 16/06/2017, parte de estas sumas -prosigue el auto- se ingresaron en la cuenta de Proyectos e Inversiones Serralba, "de la que, insistimos, era socio único el recurrente", concretamente 1.000.000 de euros, cantidad que vuelve a extraerse el 19/06/2017 para ingresarse en la cuenta de Pellex Energía. Esta última entidad presentó una solicitud de subvención ante la Junta de Extremadura, concedida provisionalmente, por importe de dosmillones de euros, para actividades relacionadas con la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de biomasa.

Todo ello, concluyen los jueces, llevan a confirmar los indicios de la disposición de la subvención para fines distintos. "Observamos, pues, que la mayor parte del dinero procedente del préstamo se habría destinado indiciariamente para fondos de inversión, para el proyecto de otra entidad en la nada despreciable suma de un millón de euros, y para otras finalidades desconocidas".

Serrano alegó que fue engañado por sus ex socios

El tribunal rechaza el alegato de la defensa de Serrano respecto a que fue víctima de las "estrategias delictivas" de sus ex socios, que le hicieron creer que "iban a aportar la maquinaria necesaria para desarrollar el proyecto subvencionado para la fábrica de pellets, objeto social de la entidad Biowood Niebla, constituida el 30/03/2016, cuando esto nunca fue cierto".

Serrano relató que tenía una "confianza ciega" en Francisco Javier López, y las aportaciones para la constitución de la sociedad se justificaron con facturas proforma y en los presupuestos soportes de las facturas, donde se indicaba que la maquinaria tardaría en fabricarse entre seis y nueve meses desde su encargo.

Sin embargo, los jueces rechazan estas "alegaciones exculpatorias de fondo que deberá examinar el órgano de enjuiciamiento a la luz de las pruebas de se practiquen durant el plenario", pero en principio la Audiencia advierte que estos argumentos "se compadecen mal con la formación del apelante como jurista y con la circunstancia de compartir sede social las mercantiles involucradas".

Recuerdan que en este momento sólo corresponde valorar "si concurren suficientes indicios racionalesde criminalidad que justifiquen la decisión adoptada", y así coincide con el instructor en que las diligencias de investigación practicadas han permitido constatar "datos objetivos".

Hasta 8 años de cárcel

La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Sevilla presentó en junio de 2023 su escrito de conclusiones provisionales, en el que atribuye un delito de estafa y subsidiariamente dos delitos de fraude de subvenciones a los tres acusados en esta causa. De esta forma, la reprensentante del Ministerio Público reclama una condena de seis años de prisión y una multa de 5.400 euros para los tres acusados por un delito de estafa, como petición principal, si bien de manera subsidiaria considera que si los hechos fueran finalmente considerados como fraude de subvenciones, en este caso considera que los tres acusados serían responsables de dos delitos, por los que reclama una condena de cuatro años de prisión y multa de 7.467.000 euros por cada delito.

En cualquier caso, la Fiscalía solicita que los tres acusados indemnicen de manera conjunta y solidaria al Ministerio de Industria con los 2.489.000 euros del importe de la ayuda concedida.