Juicio de los ERE Magdalena Álvarez no prevaricó porque el Parlamento conocía "perfectamente" el destino de las transferencias

  • La defensa de la ex consejera niega la tesis de los peritos de que se engañó a los parlamentarios porque éstos conocían que las transferencia de financiación eran "legales" e iban dirigidas al pago de las ayudas sociolaborales

La ex consejera de Economía y Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez no pudo cometer un delito de prevaricación en relación con las irregularidades de los ERE porque el Parlamento andaluz tenía una "perfecta información" y conocimiento del modelo de gestión de las ayudas sociolaborales y del destino que se estaba dando a las transferencias de financiación que "con plena consciencia aprobaba" de la Consejería de Empleo al IFA para el pago de las mismas, según ha defendido este miércoles el abogado Rafael Alcácer, que representa a la ex consejera, para quien la Fiscalía solicita diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

El abogado ha asegurado en su informe definitivo ante el tribunal que enjuicia los ERE que se ha de "excluir de raíz" la posibilidad de que la ex consejera haya cometido un delito de prevaricación porque "año tras año el Parlamento aprobó las transferencias de financiación" dentro del programa 31L, por lo que a su juicio la tesis que sostienen los peritos de auxilio judicial y en la que se basan el fiscal y las acusaciones populares de que el Parlamento fue engañado o inducido a error resulta "sorprendente, errante y ofensiva". Ha indicado además que las transferencias eran "perfectamente legales" y su uso se "ha demonizado" al afirmar que al utilizarlas se eludía la fiscalización previa, algo que considera "falaz e insostenible".

Rafael Alcácer se preguntado por qué se acusa a los ex altos cargos en este procedimiento y ha confesado que "a día de hoy no es capaz a de saber si los acusan de una prevaricación activa u omisiva", de no haber vigilado a los que elaboraban los presupuestos o a los que ejecutaban el gasto de las ayudad, pero ha insistido en que "todo parte" de esa inducción al error al Parlamento que expuso reiteradamente el portavoz de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) Ángel Turrión pero "sin atreverse a dar el paso" de afirmar que los parlamentarios "no sabían lo que aprobaban", ha argumentado.

El defensor ha insistido en que el Parlamento tiene "cumplido conocimiento" de la forma en la que se ejecuta el gasto y, por tanto, "es indudable de que los parlamentarios tuvieron perfecto conocimiento de la partida presupuestaria 31L" y de que ese cerdito "no se establecía para equilibrar" la cuenta de pérdidas y ganancias sino que tenía la "finalidad de pagar las ayudas sociolaborales", para lo cual ha dicho que "basta la mera lectura del estado de gastos que refleja con nitidez el destino de esa partida presupuestaria" y los parlamentarios aprobaban un crédito "con un destino específico".

Rafael Alcácer ha añadido que "la única conclusión plausible es que las transferencias de financiación, que el propio Parlamento con plena consciencia aprobaba, fueron utilizadas con un destino concreto: sufragar las ayudas sociolaborales", y también ha subrayado que los parlamentarios tenían "perfecta información sobre ese modelo de gestión de las ayudas".

El letrado ha explicado que no se puede acudir al "torpe juego de palabras" sobre que el lenguaje presupuestario era confuso y se aludía a la "materialización" de las ayudas por parte del IFA/IDEA porque, según ha dicho Rafael Alcácer parafraseando a otra de las defensas, "apaga y vámonos", y se ha preguntado que cómo se va a construir una acusación por prevaricación acudiendo "al María Moliner o al diccionario de la Real Academia de la Lengua".

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