La campaña de las autonómicas que arranca esta semana compartirá titulares con el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE. Y lo hará, una vez que ya han expuesto sus informes definitivos la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, con la exposición de sus respectivos informes por parte de los 18 abogados que defienden a los 21 ex altos cargos acusados, después de que haya sido exculpado el ex secretario general de la Consejería de Empleo Antonio Estepa Giménez.

La vista oral, de la que ya se han celebrado 130 sesiones desde que comenzara el 13 de diciembre de 2017, se reanuda mañana lunes con el informe del abogado Pablo Jiménez de Parga, que representa al ex presidente de la Junta Manuel Chaves, quien debe contestar a las hipótesis de las acusaciones, que lo sitúan como el artífice de la instauración del sistema para conceder las ayudas sociolaborales y a empresas con mayor agilidad, pero a costa de no respetar el procedimiento legalmente establecido.

Los informes de los 18 defensores, algunos de los cuales representan a dos acusados –como es el caso de José María Mohedano, que defiende al ex presidente José Antonio Griñán y al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano– se prolongarán durante todo el mes de noviembre e incluso seguirán más allá del 2 de diciembre, el día de las elecciones autonómicas. Los cálculos apuntan a que el juicio incluso podría prolongarse hasta después del puente de la Constitución y de la Inmaculada, y acabar en la semana que se inicia el lunes 10 de diciembre.

Todo ello teniendo en cuenta además que cada semana sólo se celebran cuatro sesiones del juicio –tres las mañanas de lunes a miércoles y los martes además por la tarde–.

El juez Juan Antonio Calle Peña.

El propio presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha reconocido esta misma semana que aunque el juicio estaba previsto que acabara a finales de noviembre, es previsible que tenga que prolongarse los primeros días del mes de diciembre.

Todo dependerá de la celeridad o lentitud que los abogados defensores impriman a la exposición de sus informes ante la Sala. En principio hay abogados que podrían consumir una sesión del juicio o menos, pero también hay algunos que podrían extenderse a más de una, como es el caso de Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, uno de los principales acusados junto al ex director de Trabajo Javier Guerrero.

De esta forma, junto a la defensa de Chaves, que es posible que no necesite toda la sesión de mañana, en esta misma sesión podría comenzar el informe de Martínez del Hoyo, puesto que José María Mohedano ha pedido al tribunal exponer su informe cuando transcurran unos días debido a unos problemas de visión. Esta misma semana también podría, por tanto, informar el abogado Rafael Alcácer, que representa a la ex consejera de Economía y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez.

Para la semana siguiente, la que se inicia el 19 de noviembre podrían informar las defensas de otros tantos ex altos cargos: Víctor Moreno Catena, que defiende a la ex consejera Carmen Martínez Aguayo; Encarnación Molino, por el ex consejero Francisco Vallejo; y Luis Aparicio, por el ex viceconsejero José Salgueiro.

Para la siguiente semana, la del 27 de noviembre, según las estimaciones, les llegaría el turno a las defensas del ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román, representado por José Manuel García-Quílez; el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, defendido por Pedro Apalategui; y el ex director de Trabajo Javier Guerrero, defendido por José Ávila.

A la siguiente semana, la sesión se iniciaría justo el lunes 3 de diciembre, tras las elecciones autonómicas del día anterior, y en la misma expondrían sus informes las defensas de los ex secretarios general técnicos de Empleo, entre ellos Manuel Salinero, que representa a Lourdes Medina, y de los ex directores general de la agencia IDEA, pero aún quedarían otros tantas defensas por informar, con lo que lo más probable, si las defensas no aceleran, es que el juicio entrara en su última semana el 10 de diciembre.

Tras los informes, el juez concederá a cada uno de los 21 ex altos cargos el derecho a la “última palabra” y, acto seguido, el juicio quedará visto para sentencia. Se abrirá entonces el proceso de deliberación entre los magistrados y la redacción de una sentencia que en principio no estará lista antes de seis o siete meses, lo que sitúa el fallo en el verano de 2019, en el mejor de los supuestos.