La familia de Marta del Castillo no necesita ninguna orden judicial para rastrear con perros o realizar un vuelo geotérmico en la finca de La Rinconada, según han explicado a este periódico fuentes judiciales, que han apuntado que para hasta ahora nunca la Policía ha solicitado permiso para buscar el cuerpo porque además hay una pieza separada que se mantiene abierta en el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla

Las mismas fuentes han recordado que la orden del juez no es un requisito necesario para que se proceda a esa búsqueda, tan sólo sería necesario disponer de la autorización del propietario de la finca. De hecho, cuando Miguel Carcaño fue excarcelado en octubre pasado, la Policía ya llevó a cabo labores de excavación en la finca Majaloba, unos trabajos de los que se dio cuenta al juez pero no para pedirle su autorización puesto que, al amparo de la pieza separada que sigue abierta, los investigadores son plenamente competentes para realizar estas labores sin contar con la autorización judicial.

El padre de Marta, Antonio del Castillo, aseguró a este periódico que van a solicitar este mismo jueves al instructor que acuerde la búsqueda con la Unidad Especial de Guías Caninos de la Policía Nacional, en concreto con el grupo de Búsqueda y Localización de Restos Humanos (REHU), que cuenta con canes adiestrados en la localización de cadáveres o restos humanos en superficie, cuerpos inhumados, resto biológicos y sumergidos en el agua.

Tampoco sería necesaria esa orden del juez para realizar una búsqueda “geotérmica”, para que un helicóptero sobrevuele con maquinaria especializada las zonas de mayor actividad térmica, en busca de posibles focos de calor que se pudieran detectar a partir de la cal viva con la que Miguel Carcaño sostiene que cubrieron el cuerpo de Marta.

Las fuentes judiciales han consultado que a lo largo de estos cuatro años de instrucción tan sólo en dos ocasiones se ordenó la búsqueda por el juzgado. Una de ellas fue cuando se rastreó la zanja de Camas, una búsqueda que la Policía rechazó inicialmente y el juez también se opuso, si bien la Audiencia de Sevilla ordenó que se llevara a cabo ese rastreo, por lo que el titular del juzgado de Instrucción número 4 la autorizó.

La segunda ocasión fue como consecuencia de la petición realizada expresamente al juez por el abuelo de Marta, José Antonio Casanueva, para que se llevara a cabo un rastreo en la zona conocida como la Ruta del Agua, donde el juez accedió a que se llevara a cabo dicha búsqueda.

Por último, las fuentes señalaron que cuando se inició el dispositivo de búsqueda en el río Guadalquivir, tras la detención de Miguel Carcaño, en febrero de 2009, fue la propia Policía la que comenzó el rastreo sin orden judicial alguna.

En el caso de la búsqueda en el vertedero de Alcalá de Guadaíra sí que el instructor, de motu proprio, ordenó dichas labores una vez que el asesino confeso aseguró que había arrojado el cuerpo de Marta a un contenedor de basuras próximo a su domicilio de León XIII.