La crisis de Abengoa parece tomar un nuevo rumbo hacia la normalización y negociar un rescate del grupo al completo.

El consejo de administración de Abengoa, presidido por Juan Pablo López-Bravo e integrado también por Margarida de la Riva Smith, anunció este viernes que ha formulado las cuentas anuales del grupo correspondientes a 2019. Y lo ha hecho, según confirmó su presidente a este diario, como empresa en funcionamiento. Lo que supone un cambio sustancial a la situación previa.

Desde el 19 de mayo pasado, la matriz del grupo, Abengoa S. A., se encontraba en causa de disolución por estar en situación de patrimonio negativo de 388 millones. Ese día, el consejo que entonces tenía la multinacional andaluza fundada en 1941 –presidido por Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz e integrado por Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáuregui, Pilar Cavero Mestre y Josep Piqué Camps– comunicó al mercado que el ejercicio de 2019 se había cerrado con unas pérdidas de 517 millones de euros, pese a que a experimentar una clara mejoría del negocio, dado que había elevado su Ebitda a 300 millones de euros, un 60% superior al de 2018.

No era el único parámetro positivo, como destacó Urquijo el 20 de mayo, al que señalar que no sólo ese Ebitda conseguido suponía estar un 183% por encima del objetivo del Plan de Viabilidad, sino que se había conseguido el 100,3% del objetivo de ventas, y la reducción de costes estaba un 93% por encima del objetivo.

Si estaba en causa de disolución es porque el informe de valoración que cada año se requiere a un experto independiente  –KPMG, según desveló Urquijo en noviembre pasado– valoró Abenewco 2 de forma que el patrimonio neto de la matriz quedaba en negativo, y el consejo de entonces contabilizó como impagada la deuda total en el balance arguyendo que se había producido un “evento de incumplimiento” del segundo rescate de la compañía, aprobado justamente durante el ejercicio de 2019.

KPMG, como publicó este medio, en su informe de valoración nunca señaló ni recomendó que se situara a la matriz histórica del grupo en causa de disolución. Fue una decisión motu proprio del consejo de administración presidido por Urquijo.

Esto motivó que el consejo presidido por Urquijo negociase y firmase en agosto un nuevo rescate, pero que está bloqueado desde septiembre por la negativa de la Junta de Andalucía a participar. Dicho rescate trataba de romper el grupo, refinanciar sólo la filial operativa, Abenewco 1, y dejar a la matriz en quiebra, vaciada de activos, pero no de deuda y pleitos.

Haber cerrado el ejercicio de 2020 evita la liquidación forzosa de la matriz en dos meses

Sin embargo, el nuevo consejo elegido en diciembre, en una información relevante remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), informó este viernes que el órgano de gobierno de la cotizada “en su sesión celebrada el día 10 de febrero, y con la finalidad de dar cumplimiento a las exigencias legales aplicables a las sociedades mercantiles, procedió a la formulación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019”. López-Bravo que esas cuentas, que están pendientes de ser auditada, se han formulado como empresa en funcionamiento, toda vez que el ejercicio siguiente, el de 2020, se cerró el pasado 31 de diciembre. Eso evita que Abengoa tuviese que liquidarse forzosamente en dos meses desde que se auditen las cuentas.

La cuentas formuladas en funcionamiento han sido enviadas  a PwC España para que emita “los informes correspondientes” como “auditor de cuentas”.

La auditoría fue paralizada por Urquijo y su consejo, como informó este diario, al no formular ni  enviar a PwC esas cuentas. La intención de Urquijo era hacerlo una vez ejecutase el rescate que rompía el grupo, lo que habría llevado a la matriz a liquidación.

Una vez que estén auditadas, el consejo actual, según comunicó este viernes al regulador bursátil, procederá a publicarlas “de forma inmediata” y con la misma celeridad convocará la junta general ordinaria de accionistas para que sean sometidas a su aprobación, con lo que resolvería dos de los incumplimientos que tiene pendientes.

A primera hora de la noche de este viernes, Abengoa remitió a la CNMV su informe anual modificado tras formular las cuentas. En él eleva a 541 millones las pérdidas de 2019, frente a los 517 millones anunciados en mayo, al cambiar los beneficios fiscales, que reserva para aplicarlos en próximos ejercicios. 

El presidente de Abengoa no sólo confirmó que las cuentas fueron formuladas con un año de retraso respecto a la obligación que tenía el consejo de Urquijo, sino que admitió que trabajan con la intención de formular también, si les da tiempo, las cuentas de 2020 en el plazo legal previsto (fin de febrero) y hacerlo igualmente como empresa en funcionamiento.

López-Bravo no fue más explicito sobre cómo lograrán superar en las cuentas de 2020 la situación de desequilibrio patrimonial declarada en mayo y que llevó a la matriz del grupo a presentar preconcurso de acreedores el 18 de agosto pasado.

El presidente actual de Abengoa admite que ejecutar el tercer rescate “está muy difícil”

Sí dijo que, conforme a lo comunicado a los mercados desde el 23 de diciembre, siguen trabajando por lograr ejecutar el rescate financiero firmado en agosto. “La condición suspensiva de que la Junta de Andalucía aporte 20 millones de euros sigue sin cumplirse y el Gobierno andaluz ha dejado claro que no participará, por lo que para poder ejecutarlo es necesario que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno central autorice a suplir esos 20 millones con otra aportación”, explica López-Bravo, que reconoce que aunque lo seguirá intentando mientras haya plazo (la última prórroga comunicada expira el 19 de febrero), “está muy difícil”.

López-Bravo admitió que tampoco tienen excesivo tiempo porque está convocada una junta general extraordinaria para reprobar y destituirle a él y a De la Riva, una junta en la que los accionistas han propuesto un nuevo consejo presidido por Clemente Fernández González, accionista y ex presidente de Amper, e integrado por José Alfonso Murat Moreno y José Antonio Martínez Sieso.