Bruselas pide a España que retire las ayudas por la guerra y use el ahorro para reducir el déficit
La Comisión Europea recomienda limitar el aumento del gasto público para reducir el saldo negativo en 9.300 millones
Solicita que se ponga fin este mismo año a las reducciones del IVA de la electricidad y el gas
Avala el programa de estabilidad presentado por el Gobierno en abril
Bruselas impondrá multas semestrales a los países que no reduzcan déficit y deuda
Madrid/La Comisión Europea (CE) recomendó este miércoles a España que limite el aumento del gasto público primario al 2,6% como máximo en 2024 para lograr el recorte del déficit estructural del 0,7% que le pide para ese ejercicio, equivalente a 9.289 millones de euros.
El informe del Ejecutivo comunitario anticipa ya que España cumplirá con esta recomendación puesto que calcula que el aumento del gasto primario será del 1,4 % el año que viene, según sus previsiones macroeconómicas de Primavera, publicadas a principios de este mes.
"Teniendo en cuenta las consideraciones de sostenibilidad fiscal y la necesidad de reducir el déficit por debajo del valor de referencia del 3% del PIB, sería adecuada una mejora del déficit estructural de al menos el 0,7% del PIB para 2024", señala el Ejecutivo comunitario en sus recomendaciones de política fiscal para España de cara a la elaboración del presupuesto del año próximo.
El paro y la deuda pública, los principales desequilibrios de la economía
La Comisión Europea apuntó este miércoles al elevado desempleo y a la deuda, tanto pública como privada, como los principales desequilibrios de la economía española, aunque señaló también que estos indicadores están mejorando y podría cerrar el expediente si continúa con esta tendencia.
"Para Alemania, España, Francia y Portugal, los desequilibrios están retrocediendo y si esta tendencia continúa el próximo año habrá base para tomar la decisión (de decir que) no hay desequilibrios", adelantó en una rueda de prensa el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis.
En su informe de primavera sobre el Semestre Económico, Bruselas subraya que, aunque los niveles de deuda privada y externa son "todavía elevados", han descendido de forma continua durante la última década y, tras una "interrupción temporal" en 2022, retomaron el año siguiente con una senda a la baja que continuará "favorecida por el crecimiento económico".
La posición externa, añade el texto, se ha beneficiado de una cuenta corriente en superávit "durante una década" a pesar de que el saldo positivo se ha "estrechado" en las últimas fechas como consecuencia de los menores ingresos turísticos y la subida de los precios de la energía en 2022.
Por su parte, la deuda pública sigue estando "alta" (cerró 2022 en un 113,1% del PIB) aunque el año pasado "recuperó una trayectoria descendente" gracias a un "fuerte" crecimiento del PIB. Aun así, el informe advierte de que este indicador sigue "por encima del nivel anterior a la pandemia" y las proyecciones apuntan a reducciones "moderadas" este año y el siguiente.
Con respecto al desempleo, la Comisión Europea valora que se esté "de nuevo" reduciendo, pero también subraya que "sigue siendo alto" y contiene focos de vulnerabilidad, en especial con el paro de muy larga duración y el desempleo juvenil.
Para asegurar esa mejora, añade la Comisión, el crecimiento del gasto primario neto financiado nacionalmente -sin tener en cuenta el pago de intereses, prestaciones por desempleo, fondos europeos y medidas discrecionales de ingresos- "no debería exceder el 2,6%" en 2024.
El Ejecutivo comunitario recuerda que el Programa de Estabilidad que le remitió el Gobierno en abril prevé que en 2024 el déficit público se reduzca al 3 % del PIB, "en línea" con sus propias proyecciones, que lo sitúan en el 3,3%, y la deuda pública baje al 109,1%, la misma cota que prevé Bruselas.
Al mismo tiempo, la Comisión Europea sugiere a España que mantenga los niveles de inversión pública y que garantice la "absorción" de las ayudas procedentes del fondo de recuperación y de los fondos de otros programas de la UE.
De hecho, insta al Gobierno a "mantener el impulso" para una "rápida" ejecución del plan español de recuperación y también a presentar pronto la actualización del mismo para tener acceso a otros 10.000 millones en ayudas directas y a los 84.000 millones de euros en créditos que el país tiene asignados.
El ministerio de Asuntos Económicos celebró que la Comisión Europea "confirma que la senda fiscal presentada por España cumplirá con los requisitos fiscales exigidos para 2024" y consideró que "la responsabilidad fiscal del Gobierno y las previsiones de crecimiento de la economía española garantizan la sostenibilidad de las cuentas públicas en los próximos años".
Retirada de medidas energéticas
Dentro de este capítulo de recomendaciones fiscales, el Ejecutivo comunitario pide a España que retire como muy tarde al cierre de 2023 las ayudas desplegadas al calor de la crisis energética, que estima actualmente en un 0,6% del PIB, empezando por las más universales.
Bruselas se refiere, por ejemplo, a las reducciones del IVA del gas y de la electricidad, que han sido prorrogadas precisamente hasta final de año, y propone a las autoridades españolas que utilicen los "ahorros" derivados para "reducir el déficit público".
El texto añade que, en caso de que los precios energéticos se disparen de nuevo y sean necesarias nuevas medidas, éstas deben estar orientadas a proteger a los hogares y las empresas "vulnerables", así como que deben ser "asumibles" desde el punto de vista fiscal y deben "preservar los incentivos para conseguir ahorros energéticos".
En esta línea, las recomendaciones también instan a España a seguir reduciendo el uso de combustibles fósiles y a acelerar el despliegue de energías renovables, por ejemplo, simplificando y digitalizando los procedimientos de autorización, mejorando el acceso a las redes e invirtiendo en almacenamiento energético e interconexiones transfronterizas.
De la misma forma, pide a las autoridades españolas que aumenten la disponibilidad de casas eficientes desde el punto de vista energético a través de medidas como la renovación y electrificación de edificios, así como que apoye la formación de trabajadores necesarios para la transición verde.
Critica que el sistema de prestaciones sociales apenas reduce la pobreza
La Comisión Europea advirtió este miércoles a España de que el sistema nacional de prestaciones sociales, si bien está "mejorando" y las últimas medidas adoptadas van en la buena dirección, tiene todavía una capacidad "limitada" para reducir las tasas de desigualdad y de pobreza, especialmente la pobreza infantil.
Así consta en un informe sobre la economía española de 81 páginas que el Ejecutivo comunitario publicó este miércoles junto con sus recomendaciones de política presupuestaria de cara a 2024 y que remarca que la crisis energética y la inflación "han agravado los retos estructurales" a los que ya se enfrentaba España en materia de políticas sociales.
"Las transferencias siguen teniendo efectos limitados en la reducción de la desigualdad y la pobreza, la pobreza infantil en particular, que continúan altas en comparación y han empeorado en relación a los niveles de antes de la pandemia", explica el texto.
En cifras concretas, la Comisión Europea estimaba el impacto de las transferencias sociales (excluyendo pensiones) en su objetivo de reducir la pobreza en un 23,4% en 2022, que aumentó hasta el 30,5% en 2021, pero todavía está "bastante por debajo de la media de la UE" que se sitúa en el 37,1%.
La discrepancia es todavía mayor en el caso del impacto de las ayudas para menores de edad, que en España es del 24,5% y en el conjunto de los Veintisiete alcanza el 43,1%.
Una de las razones que argumenta el informe es que la mayoría de las políticas de apoyo a hogares vulnerables en España son "transferencias fiscales no reembolsables" dentro del sistema de impuestos, lo que "limita la efectividad para reducir la pobreza, en especial de familias con hijos".
Frente a esto, Bruselas señala que la reforma fiscal prometida en el marco del plan de recuperación "tiene el potencial de tener un impacto positivo en la progresividad fiscal y de apoyar a los hogares y familias con niños más vulnerables".
En esta línea, el documento apunta que el ingreso mínimo vital (IMV) "establece una base para la revisión de las prestaciones financieras no contributivas" y añade que la adopción "rápida" de nuevas medidas como "itinerarios de inserción" para beneficiarios podrán "aumentar la tasa de absorción a todo su potencial".
Esto "incrementará la capacidad para aportar un apoyo efectivo a la población en riesgo de pobreza o en riesgo de exclusión y contribuir al logro del objetivo nacional de España de reducción de la pobreza para 2030", añaden los servicios económicos del Ejecutivo comunitario.
"En general, hay margen para que una mejor actuación en política social que consiga el objetivo de España de reducir en 2,8 millones el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social para 2030 (en comparación con 2019), incluidos 713.000 menores de edad", concluye el informe.
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