España pedirá este jueves, en la reunión que mantendrá con la Comisión Europea (CE) y el resto de Estados miembros, la retirada subvencionada de producciones afectadas por el veto ruso a productos agroalimentarios procedentes de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia y Noruega.

El anuncio lo hizo ayer la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, tras reunirse con Cooperativas Agro-Alimentarias, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, y la Federación de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex).

García Tejerina señaló desde el Ministerio se pretende que la Comisión Europea "reaccione de forma urgente" y que las medidas se adopten "a la máxima velocidad" para "evitar en la medida de lo posible cualquier perturbación" de los mercados. España pedirá "la retirada de las producciones con carácter urgente", centrándose en el sector de las frutas y perecederos. Según defendió, la retirada "tiene que venir financiada" por el fondo de gestión de crisis que se aprobó en ultima reforma de la Política Agraria Común (PAC).

Sobre el fin que tendrán los productos retirados, avanzó que la intención es distribuirlos a través del Banco de Alimentos o de Cruz Roja a personas necesitadas, además de destinar una parte a la transformación.

La ministra recordó que, en 2013, España exportó a Rusia productos agroalimentarios por valor de 337 millones de euros, y que entre enero y mayo de este año, la cifra ha sido de 107 millones. esta cifras suponen el 1,8% del total español exportado a Rusia. La "mayor preocupación" de España es que el resto de países comunitarios, afectados también por el veto ruso, tendrán excedentes de producción y habrá que buscar "mercados alternativos".

El lunes próximo, el Ministerio volverá a reunirse con el sector para trasladarle los acuerdos alcanzados en la reunión del jueves. García Tejerina mantendrá asimismo un encuentro con la distribución, para "que, en la medida que sea posible, contribuya con la promoción en España del consumo de las frutas y hortalizas".

Los productores defendieron la propuesta de la retirada de producción y pidieron que el sector no pague las consecuencias de una decisión que Rusia ha tomado por motivos políticos.

Por su lado, la Unión Europea comenzó ayer formalmente el análisis del posible impacto que tendrá en el sector europeo la prohibición rusa, con la reunión del grupo de trabajo de expertos de la Comisión Europea. "Espero que para el jueves, cuando hemos convocado una reunión del comité de gestión (con representantes de los Estados miembros), estemos en una posición en la que tengamos una imagen clara del impacto potencial" de las sanciones rusas, afirmó en la rueda de prensa diaria de la CE el portavoz de Agricultura, Roger Waite.

Waite precisó que "no es seguro" que para el jueves la CE presente una conclusión firme sobre las posibilidades de exportar a otros lugares para compensar las pérdidas derivadas del veto.

Waite destacó la importancia de coordinar una respuesta a nivel europeo y recordó que en la actual Política Agrícola Común (PAC) se contemplan "opciones de medidas de emergencia en caso de crisis en el mercado" y que la Comisión Europea tiene "flexibilidad" para utilizarlas. Advirtió, sin embargo, que "aún es un poco pronto para discutir cantidades exactas".

En cualquier caso, resaltó que Bruselas va a apoyar a los productores si hay problemas, pero, insistió, "primero verdaderamente tenemos que analizar cuál es el potencial" impacto. Ante el embargo ruso, la CE está "mirando todas las opciones, analizándolas cuidadosamente, discutiéndolas también con otros socios afectados antes de decidir cuál es la respuesta más apropiada", concluyó la fuente.