La Comisión Europea (CE) aprobó este miércoles de manera definitiva el plan nacional en el que España detalla cómo va a aplicar la nueva Política Agrícola Común (PAC), que entrará en vigor en enero de 2023 y se prolongará hasta 2027.

En la reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) del pasado julio, el Ejecutivo comunitario ya confirmó su visto bueno político al plan de España, pero Bruselas necesitaba completar una serie de trámites administrativos antes de la aprobación definitiva.

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado en una nota que se trata de una "excelente noticia" porque la aprobación del plan "da certidumbre y seguridad al sector agrario, ya que la PAC supone entre un 20 y un 30% de las rentas que perciben agricultores y ganaderos".

Los agricultores y ganaderos españoles van a contar con más de 4.800 millones de euros anuales en ayudas directas, de las que un 61 % irán destinadas al apoyo a la renta (a través de la ayuda básica y el pago redistributivo), un 23% al pago por compromisos ambientales (ecorregímenes), un 14% a ayudasasociadas para ciertas producciones y actividades ganaderas, y un 2% para el pago complementario a jóvenes.

La propuesta de Agricultura había sido muy contestada por la mayoría del sector agrario andaluz (Asaja, COAG y Cooperativas) y por la propia Junta de Andalucía, que cuantifican en 500 millones (100 al año) las pérdidas para el campo andaluz. Según sus cálculos, la reducción y nueva configuración de las regiones productivas (que determinan el nivel de ayudas) y el diseño de los ecoesquemas (prácticas verdes voluntarias) llevarán a que el 52% de los perceptores andaluces (unos 122.000) reciban entre un 15% y un 20% menos que en el periodo anterior (2014-2020).

Pese a las continuas peticiones de cambios e incluso a las protestas, finalmente el Gobierno ha mantenido su postura invariada y ha sacado adelante su propuesta.

Ahora Agricultura trabaja en los cambios legales que acompañan al plan estratégico, en concreto 18 reales decretos y una ley que ya se encuentra en tramitación parlamentaria, antes de la entrada en vigor de la nueva política agraria.

Además del plan español, la CE dio luz verde definitiva este miércoles a los documentos de Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia y Portugal. Esos siete países son los primeros de toda la Unión Europea en recibir el visto bueno de la Comisión.