El Gobierno en funciones ha elevado al 2,4 % (3 décimas) el crecimiento económico previsto para este año, pero ha rebajado al 2 % (4 décimas) el de 2024, año en el que espera reducir el déficit público al 3 % del PIB en un escenario fiscal inercial que incluye la retirada de las medidas anti inflación. 

A la espera de que se forme Gobierno y se negocien los próximos presupuestos, el Ejecutivo ha enviado a Bruselas un plan inercial en el que el 1 de enero se prorrogan los presupuestos de 2023 y el 31 de diciembre pierden vigencia las medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis de precios provocada por la invasión de Ucrania. 

Este escenario inercial supondría revertir las rebajas de impuestos en la factura del gas y la electricidad, y en el IVA de determinados alimentos que fueron aprobadas mediante decreto ley, si bien el Ejecutivo en funciones deja la puerta abierta a "posibles prórrogas que pudieran aprobarse para 2024 tras la constitución del nuevo Gobierno". 

Por el contrario, se mantiene subvencionado el tren de Cercanías y el transporte urbano e interurbano, porque estas partidas se incluyeron en los presupuestos de 2023 que serán prorrogados hasta que se puedan presentar otros nuevos. 

En declaraciones a los medios, el secretario de Estado de Economía en funciones, Gonzalo García Andrés, ha dejado claro que "no se ha tomado ninguna decisión" y que deberá hacerlo el nuevo Gobierno "analizando su funcionamiento y adaptándolas a las necesidades de la economía en ese momento". 

En cualquier caso, el documento da por superada la perturbación sobre los precios energéticos provocada por la invasión de Ucrania, aunque el precio del petróleo esté repuntando y suponga un riesgo. 

La previsión de déficit público del 3 % del PIB se basa también en ese escenario inercial en que se retiran las medidas anticrisis, con una estimación de ingresos de 648.660 millones de euros (42 % del PIB y unos gastos de 694.268 millones (45 % del PIB). 

La evolución del gasto es compatible con dos medidas "que se adoptarán en 2024 en cualquier escenario" como son la revalorización de las pensiones con el índice de precios de consumo (IPC) y el aumento de la retribución de los empleados públicos, según el acuerdo alcanzado con los sindicatos de la Función Pública. 

El plan cuantifica la subida a los funcionarios (2 % fijo más 0,5 % variable) en 4.746 millones, pero no pone cifra a la revalorización de los más de 10 millones de pensiones vigentes. 

Una décima de margen fiscal para las comunidades autónomas 

En el marco de la consolidación fiscal, el Gobierno dejará a las comunidades autónomas que incurran en un déficit del 0,1 % del PIB, frente a la estabilidad presupuestaria exigida en el programa de estabilidad del pasado mes de abril. 

Esa décima la asume la Administración central, cuya tasa de déficit será del 2,9 % del PIB, mientras que la Seguridad Social cerrará 2024 con un desequilibrio del 0,2 % de PIB y las entidades locales tendrán un superávit del 0,2 %. 

El contexto económico y fiscal permitirá reducir el nivel de deuda al 108,1 % del PIB en 2023 y al 106,3 % del PIB en 2024, 14 puntos por debajo respecto al máximo marcado en 2020. 

En 2024 el crecimiento del PIB se sustentará en la demanda nacional (consumo e inversión), frente a una demanda exterior (exportaciones e importaciones) debilitada por el menor tirón de los socios comerciales. 

El consumo y la inversión en 2024 se verán impulsados por el despliegue de los fondos europeos del plan de recuperación, el dinamismo del mercado laboral y la solvencia financiera de hogares y empresas. 

García Andrés ha calificado de "prudente" la previsión de PIB y ha detallado que los principales riesgos son la subida de tipos y las tensiones geopolíticas por su impacto sobre los mercados de energía y la actividad económica a nivel mundial. 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado las previsiones del Ejecutivo, pero considera que en 2024 "predominan los riesgos a la baja" y ha señalado el "declive" de la confianza de los consumidores y el endurecimiento de las condiciones de financiación como factores que pueden enfriar el crecimiento del consumo privado. 

Para el conjunto de 2023 y 2024 el plan contempla la creación de 700.000 empleos a tiempo completo, al tiempo que el desempleo continuará reduciéndose hasta situar la tasa media de paro por debajo del 11 % el año que viene pese al incremento de la población activa hasta los 24 millones de personas.