El Gobierno ha insistido este martes que está trabajando con la Comisión Europea en ver de qué manera se lleva a cabo el mantenimiento de la red de carreteras sin abordarlo a través del pago por uso, es decir, los peajes. Así lo ha indicado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por las negociaciones del Ejecutivo para excluir los peajes de las autovías de las reformas pactadas con la Unión Europea. "Lo que está haciendo el Gobierno con la Comisión Europea, en el marco del desarrollo del Plan de Recuperación, es ver de qué manera abordamos el mantenimiento de la red de carreteras sin abordarlo a través del pago por uso. Un plan global que pasa también por una movilidad más sostenible, promoviendo otros usos y otra movilidad, como el transporte público y su gratuidad como hemos hecho en estos últimos meses", ha señalado al respecto. Ante la polémica surgida sobre la implantación de los peajes en las autovías españolas, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, desmintió la semana pasada que el Gobierno esté pensando en implantar peajes por el uso de las carreteras, después de que el director general de Tráfico (DGT), Pere Navarro, dijera que España podría iniciar su implantación en 2024, si bien luego lamentó la "confusión" que había creado. Las declaraciones de Navarro se produjeron después de que en el debate entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del PP a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, éste último le dijera que el Ejecutivo había enviado a la UE un escrito con la implantación de los peajes y que es un asunto que estaba en sus planes, aspecto este último que el jefe del Ejecutivo negó.Aunque inicialmente el Gobierno sí se comprometió ante Bruselas a estudiar la implantación de un sistema de pago por uso de las autovías "a partir de 2024", posteriormente reconoció que no había consenso suficiente entre las administraciones y agentes implicados para impulsarlo, por lo que la iniciativa quedó aparcada sine die. 

En abril de 2021, en concreto, incluyó en el plan de recuperación enviado a la Comisión Europea un sistema de pago en la red de vías de alta capacidad (autopistas y autovías del Estado) para financiar su conservación, que cada año cuesta 1.200 millones de euros y que en esa fecha sufría un déficit de 10.000 millones de euros, según la patronal de la construcción Seopan.

"Se revisará la financiación de las vías de alta capacidad y se establecerá un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal", señalaba el plan, que tenía como objetivo justificar la entrega de 70.000 millones de ayudas no reembolsables. Del pago quedaban excluidos transportistas, autocares y usuarios habituales de un vehículo por trabajo. En su momento, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, planteó un sistema para las autovías mucho menos oneroso que el de las autovías.

En diciembre de 2021, el Gobierno decidió aparcar el debate ante la impopularidad de la medida y la falta de consenso político, ya que sus socios de Podemos y los nacionalistas catalanes y vascos estaban en contra. 

En marzo de 2022, el comité de expertos para la reforma fiscal defendió crear un impuesto que grave el uso de infraestructuras viarias de alta capacidad (autopistas y autovías) en función de la distancia recorrida mediante un sistema de peajes electrónicos. La "simulación" incluía el pago de un céntimo por kilómetro para los turismos y de entre 3 y 4,9 céntimos por kilómetro en el caso de los vehículos pesados. 

El Gobierno, finalmente, no ha aprobado ninguna reforma fiscal, y ya aparcó además antes el asunto de los peajes.