Se van a destinar 1.000 millones de dinero público a salvar empresas. La encargada de aplicarles un respirador asistido es Cofides, la entidad pública dedicada a apoyar la internacionalización de la economía y a promover el desarrollo económico, y que ahora añade a sus tareas la de reforzar la solvencia de empresas afectadas por la Covid-19. Este fondo de recapitalización va dirigido a empresas españolas de mediano tamaño (entre 15 y 400 millones de facturación), de cualquier sector salvo el financiero, afectadas por la pandemia pero que siguen teniendo un plan de negocio viable a medio y largo plazo.

Este segmento empresarial representa unas 14.000 empresas, genera el 7% del PIB y aglutina al 17% del empleo. De ellas, más de mil serían objetivo de este plan de salvamento. Desde el 30 de junio está habilitada una plataforma para que puedan cursar sus solicitudes. Deben demostrar su viabilidad precovid, estar al día de sus obligaciones con la administración y haber experimentado una caída en la cifra de negocios en 2020 de más del 20% y un deterioro en su estructura de capital. El personal de Cofides y expertos independientes verificarán los requisitos y determinarán lo más difícil: su viabilidad futura.

En este salvamento se intentará que todas las partes apenquen. El fondo les aportará recursos, entre 3 y 25 millones, fundamentalmente a través de préstamos participativos a 8 años, aunque también está contemplada la participación en el capital y, a modo de complemento, la deuda. A las empresas beneficiadas se les impondrán limitaciones: no podrán repartir dividendos, tendrán que congelar el salario de los directivos, los despidos serán por acuerdo con los trabajadores y tendrán vedada la expansión comercial agresiva.

Y a los bancos acreedores también se les pedirá un esfuerzo: son los que tienen en sus balances a estas empresas problemáticas y los préstamos participativos del Fondo -recursos de cuasi capital- vienen a ser un colchón de tranquilidad para la deuda bancaria; a cambio, se les exigirá ampliaciones de plazos e incluso quitas.

La idea es que a medida que las empresas mejoren sean ellas mismas las que quieran desentenderse del Estado y pasen a financiarse sólo por la vía privada. Para ello se ha diseñado un sistema de retribución con un interés fijo -creciente desde el 2,25% inicial hasta el 8% al final del préstamo, más un interés variable que entra en juego y crece en función de la obtención de beneficios. También es posible que la salida se produzca porque una vez reestructuradas se vuelven apetecibles para el capital riesgo.

Cofides estima que rescatarán a unas 100 empresas. No es tarea fácil. Tienen que escarbar en la basura: la calificación crediticia de estas empresas se mueve entre B y CCC+, con una probabilidad de falencia a un año entre el 9% y el 20%. De su acierto en la elección dependerá el coste final para los contribuyentes: no es nada descabellado pensar que esta operación salvamento le suponga a nuestros bolsillos 200 millones de euros. Pero es nada frente a la lluvia de miles de millones que algunos países europeos más ricos han repartido -sin condiciones y sin vuelta- a sus empresas.