Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea estuvieron de acuerdo en que se multe a los países con desequilibrios macroeconómicos preocupantes, como el desempleo excesivo, pero sólo cuando los afectados ignoren repetidamente las recomendaciones europeas para remediarlos.

La Comisión Europea, que propuso incluir el paro como uno de los diez parámetros para detectar esos desequilibrios, se comprometió a ponerlo en relación con otros criterios y a tener en cuenta su posible persistencia y la capacidad de la economía afectada para realizar ajustes. Bruselas aceptó además que cualquier análisis tendrá que considerar las circunstancias específicas de cada estado miembro y hacerse con perspectiva y además ser parte de una evaluación completa, con lo que la concreción del seguimiento comunitario en sanciones económicas resultará remota en la práctica.

La inclusión del paro excesivo como criterio para imponer sanciones resulta especialmente preocupante para países como España, que presenta una tasa de desempleo del 21,52% , lo que supone 4.978.300 personas desempleadas, según la última Encuesta de Población Activa (EPA).

La vicepresidenta económica del Gobierno español, Elena Salgado, insistió, sin embargo, en que España ya está corrigiendo los desequilibrios de su economía, por lo que no espera recibir sanciones. Además del desempleo, se tendrán en cuenta las desviaciones en el balance por cuenta corriente, posiciones netas de inversión internacional, cuotas de mercado de las exportaciones, costes nominales unitarios, tasas de intercambio efectivas, deuda del sector privado, flujo de crédito en el sector privado, precios de la vivienda y deuda pública.

Los niveles de superávit excesivo también serán considerados, pero no llevarán en ningún caso a sanciones, como reclamaba Alemania. Las sanciones, de llegar a imponerse, equivaldrán al 0,1% del PIB del país infractor, por debajo del 0,2% previsto para desviaciones de los umbrales de déficit y deuda previstos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (el 3% y el 60% del PIB, respectivamente), otro de los brazos de la nueva legislación europea para reforzar la gobernanza económica.

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, comentó que el primer ejemplo de la gobernanza económica reforzada lo constituye la misión de supervisión que el Ejecutivo de la UE mandó a Italia para comprobar que se ponen en marcha las medidas económicas prometidas por el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, el pasado 26 de octubre.

Sobre Grecia, los ministros reiteraron la necesidad de que el nuevo Gobierno de unidad nacional confirme por escrito su compromiso con los acuerdos con la UE, del pasado 27 de octubre, así como con las medidas de ajuste comprometidas para restaurar la confianza. Estas dos condiciones son un requisito previo para el desembolso del sexto tramo de la ayuda, que asciende a 8.000 millones de euros y de la puesta en marcha del segundo rescate de 130.000 millones, que prevé también la condonación de la mitad de la deuda griega por parte de la banca, recalcó Rehn.

Precisamente para preparar a la banca sistémica europea para resistir la crisis de la deuda soberana, los Veintisiete estuvieron de acuerdo en elevar el capital de máxima calidad hasta el 9%, para lo que se necesitarán unos 106.000 millones de euros, pero insistieron en que debe evitarse una venta o reducción masiva y repentina de activos y de la deuda. Los países quieren evitar así que esta recapitalización tenga un impacto negativo en la economía real y el crédito.

Mientras en este capítulo hubo acuerdo, no se logró un consenso sobre la imposición de una tasa a las transacciones financieras en la UE. Alemania y Francia lideraron el grupo de países a favor de esta medida, entre los que también se encuentra España, pero otros como Reino Unido y Suecia reiteraron su oposición y otros se declararon todavía indecisos, como Holanda.