El fiscal federal argentino Ramiro González ha impulsado una investigación penal por los términos del preacuerdo entre el gobierno argentino y Repsol para indemnizar al grupo español por la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera YPF, informaron ayer medios locales. La investigación apunta al ministro de Economía argentino, Axel Kicillof; al secretario de Legal y Técnica de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Zannini; y al presidente de YPF, Miguel Galuccio, precisó la agencia local DyN.

El acuerdo de resarcimiento económico a Repsol no cumple con los pasos administrativos contemplados en la ley de "soberanía hidrocarburífera" aprobada en mayo de 2012 por el Congreso argentino que estableció la expropiación, advirtió el fiscal.

Según versiones de medios españoles, ya que no hay confirmación oficial al respecto, Repsol recibiría unos 5.000 millones de dólares en bonos argentinos a diez años de plazo.

La causa se inició por una denuncia de la diputada del frente de centroizquierda UNEN Elisa Carrió, quien reclamó que se investigue "si corresponde el pago" y, en ese contexto, se determine si las decisiones se adoptaron "sin que se brinde información confiable a la población respecto al uso de los fondos que se destinarán al pago del resarcimiento de una empresa cuya actuación se encuentra cuestionada".

El fiscal que investiga el caso solicitó que se certifique si el Tribunal de Tasaciones ha tomado intervención en el proceso de indemnización, como establece la ley, y en ese caso reclamó las actuaciones originales de este tribunal.