El proyecto de energía eólica marina de la compañía Magtel en la Costa Noroeste de Cádiz incluye la instalación de 132 aerogeneradores con una potencia global de 396 megavatios, el 32% de la capacidad actual de esta clase de renovable en la provincia y el 14% del total del territorio andaluz. Las turbinas, de 3 megavatios de potencia unitaria, estarán agrupadas en dos ubicaciones con batimetrías que oscilan entre los 25 y los 45 metros de profundidad, y el parque abarcará una superficie marina de 4.600 hectáreas, según la información recogida en el informe Impacto socioeconómico del proyecto Las cruces del mar, encargado por Magtel a la consultora Deloitte. El documento no precisa la distancia entre los primeros aerogeneradores de la instalación y las playas de Chipiona.

El informe de Deloitte y Magtel ofrece los primeros datos técnicos y empresariales de este proyecto, que cuenta con la participación -incluso accionarial- del Ayuntamiento de Chipiona y de la Universidad de Cádiz (UCA). En julio de 2009, representantes de la empresa andaluza, de la UCA y del Consistorio rubricaron su unión y esbozaron la posibilidad de instalar hasta 1.000 MW de potencia en la costa gaditana a través de 300 molinos de última generación. El nuevo informe, finalizado hace pocos días después de un año de maduración del plan, reajusta aquellas dimensiones originales y detalla ingentes expectativas de generación de empleo y riqueza para la zona.

La inversión estimada para la instalación del parque eólico es de 1.228 millones de euros, cuatro veces más que la dedicada al segundo puente sobre la Bahía de Cádiz. Durante la llamada fase de "inversión", los dos años de instalación del parque, Deloitte prevé la creación de 2.960 empleos directos -2.516 de ellos en la provincia- y otros 2.670 empleos "adicionales" en actividades como "transporte terrestre y por ferrocarril, servicios jurídicos y de contabilidad, trabajos de preparación y acabado de edificios y obras, productos metálicos, maquinaria y equipos, y servicios de intermediación financiera".

Con el parque eólico en marcha, las expectativas de empleabilidad se reducen a 145 personas "contratadas por la sociedad promotora". Como actuaciones destacadas dentro del plan industrial de Magtel figuran la instalación de una fábrica de cables de fibra óptica y otra factoría de ensamblaje de luminarias LED. Ambas cubrirán las necesidades del parque y abastecerán al mercado general. El Ayuntamiento de Chipiona ya ha reservado espacio para ambas fábricas en el futuro polígono industrial de Las Manchuelas, en la entrada del municipio desde Sanlúcar, informó el alcalde, Manuel García (PSOE). El Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa Noroeste elaborado por la Junta de Andalucía ha reflejado el interés supramunicipal de este polígono, aunque esta consideración está al margen de las empresas que allí se instalen.

Frente a la oposición local que ha generado el proyecto, representada por la plataforma Por un horizonte sin molinos, Magtel y el Consistorio ponen de relieve este teórico impacto socioeconómico. Ambos subrayan la debilidad industrial de la provincia y su deficiente mercado de trabajo. El informe de Deloitte destaca que Andalucía y Cádiz presentan niveles de renta menores a la media nacional, que la provincia es la segunda con mayor tasa de desempleo del país tras Las Palmas de Gran Canaria, y que el esfuerzo de la región en innovación y desarrollo también es inferior a la media. En la presentación, la consultora cita el cierre de la planta de Delphi en Puerto Real.

Los "compromisos sociales" adquiridos por Magtel con los agentes sociales implican la cesión del 5% de los beneficios de explotación del parque eólico al Ayuntamiento de Chipiona y del 1% a los fondos de investigación de la UCA. El nuevo informe, basándose en las previsiones de beneficios del negocio, cifra en 156 millones de euros la cuantía que percibirá el Consistorio y en 31 millones la que obtendrá la UCA a lo largo de los primeros 19 años de explotación del parque.

Este periodo de funcionamiento comenzaría, según recoge el informe, en 2017, por lo que los primeros trabajos de desarrollo de la instalación no arrancarían hasta 2015. Hasta ese momento, todos los planes de energía eólica marina deberán garantizarse el máximo consenso social posible y superar una tediosa e incierta tramitación en el Gobierno.