Economía

El mundo económico exige un pacto de Estado para regenerar la democracia

  • Instituciones de ocho comunidades dicen que las reformas institucionales son "inaplazables" para combatir la corrupción y apartar a los populismos

España necesita más pactos, más visión de Estado y menos intereses partidistas y cortoplacistas. Esto fue lo que defendieron ayer en Sevilla entidades independientes y sin ánimo de lucro que promueven el análisis económico y la iniciativa empresarial en ocho comunidades autónomas. Los expertos instaron a los representantes políticos a realizar un esfuerzo de "entendimiento y convergencia" para alcanzar un "pacto de Estado" que logre un doble objetivo: regenerar la democracia ante los "continuados y graves casos de corrupción que están colmando la paciencia de la ciudadanía"; y reactivar la economía adoptando nuevas reformas que mejoren su competitividad -ver texto adjunto-.

El Observatorio Económico de Andalucía (OEA), el Cercle d'Economía de Mallorca, la Asociación Valenciana de Empresarios, el Círculo de Economía (de Cataluña), el Círculo de Empresarios (de Madrid), el Círculo de Empresarios Vascos, el Círculo de Empresarios de Galicia y el Instituto Futuro de Navarra, que celebraron en la capital hispalense el VII Encuentro Economía y Sociedad, suscribieron un manifiesto en el que abogaron por una reforma institucional "inaplazable". A su juicio, las consecuencias de la crisis económica -paro, pobreza, desigualdad, desahucios, emigración...- sumadas a "comportamientos deshonestos en las instituciones del Estado" han provocado una desconfianza de la sociedad hacia las administraciones, los políticos y los partidos que puede ser el "caldo de cultivo" perfecto para el auge de nuevos "populismos", en velada alusión a Podemos.

Estos lobbies económicos se quejaron de que, pese a que los partidos han intensificado en las últimas semanas sus propuestas por la regeneración democrática, se ha tratado en todos los casos de "una interpretación muy restrictiva e interesada del concepto y omitiendo reformas que cuestionen el poder de sus aparatos". De ahí que apuntaran a medidas más serias: instaurar otro sistema electoral, según el cual los representantes políticos se deban a sus electores en lugar de a los aparatos de los partidos; una nueva ley de partidos que regule su financiación y asegure su funcionamiento democrático; más transparencia de las administraciones públicas -mejorar la actual Ley de Transparencia-; sistemas de control eficaces e independientes de instituciones y grupos políticos; y, por último, una "imprescindible" reforma territorial del Estado, que calificaron como necesaria más allá de las demandas concretas de Cataluña y que debería "corregir las múltiples disfuncionalidades existentes".

Con respecto a esta cuestión, el presidente del Observatorio Económico de Andalucía, Francisco Ferraro, y el del Círculo de Economía (Cataluña), Antón Costas, arrojaron más detalles. A su juicio, el estado de las autonomías es "perfeccionable" y se debe mejorar acometiendo una reforma del Título VIII de la Constitución. "Éste debe ser el marco y no las negociaciones directas con Cataluña", indicó Ferraro. Costas animó a acabar con "el exceso de conflicto entre el Estado y las comunidades por el reparto de competencias y su modelo de financiación", e instó a hacer del Senado "una verdadera cámara territorial en la que se aprueben los asuntos referentes a las regiones sin necesidad de pasar por el Congreso". Asimismo, pidió contemplar la posibilidad de contar con "una agencia tributaria propia sin que ello vaya en menoscabo del principio de solidaridad con el Estado". Eso sí, demandó que Cataluña no sea la única que colabore, sino también los vascos y navarros, en alusión a los privilegios de los fueros de ambas comunidades.

El resto de representantes de las entidades económicas regionales -la única ausencia en Sevilla fue la del representante del Instituto Futuro de Navarra- coincidieron en defender "una España unida" y en pedir a los políticos acuerdos para reformar las administraciones públicas -hacerlas más flexibles y adaptativas a las circunstancias-, el sistema judicial, y el educativo -adaptar la formación a las necesidades reales de las empresas y contribuir a paliar el paro juvenil-.

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