Manuel López. Pianista
"Llegué a poner tierra de por medio, pero nunca dejé de pensar en el piano"
Ilaria Casillo | Vicepresidenta de la Comisión nacional del Debate Público de Francia
Una autoridad en procedimientos participativos. Ilaria Casillo es vicepresidenta de la Comisión Nacional del Debate Público de Francia desde 2015. Nació en Italia en 1977. Estudió Ciencias políticas en Roma y París, realizó un doctorado de investigación en geografía urbana en la Universidad de Nápoles L’ Orientale, y desde 2013 es profesora titular universitaria de la Escuela de Urbanismo de París e investigadora en el laboratorio Lab’Urba. Investiga sobre procedimientos participativos en la gestión del espacio, conflictos medioambientales, procesos de transformación urbana y gentrificación.
De 2012 a 2015, fue co-catedrática de la Autoridad independiente de la participación en la región de Toscana (Italia). De 2011 a 2013, trabajó en CNRS para el GIS “Democracia y participación”, del que fue coordinadora científica y editorial de primer Diccionario crítico e interdisciplinar de la participación. Ha trabajado para varias mancomunidades francesas para poner en marcha procedimientos participativos y colaboró con distintas organizaciones internacionales (OSCE, UNESCO) y organizaciones no-gubernamentales. Le gusta mucho el teatro en sus formas experimentales, como el teatro de la oprimida.
-En Francia, los proyectos con impacto sobre el medioambiente se someten al debate público, impresionante avance...
-La Comisión Nacional del Debate Público (CNDP) de Francia es la autoridad independiente y neutral encargada de garantizar el derecho de cualquier persona que viva en Francia a la información y participación en los proyectos o políticas que tienen un impacto sobre el medioambiente. Este “derecho al debate” del público (artículo 7 de la Carta del medioambiente) permite mejorar las decisiones de los responsables de proyectos o políticas. Garantiza la participación desde el origen de un proyecto, cuando todavía se puede renunciar a éste o modificarlo, y a lo largo de su elaboración. Si tras esta primera fase, el responsable del proyecto decide seguir, la ley prevé que la Comisión controle la información y la participación del público hasta el arranque de las obras.
-¿Desde cuándo funciona?
-Con la ley del 2 de febrero de 1995, de aumento de la protección del medioambiente (Ley Barnier). Hay que esperar el 4 de septiembre de 1997 para la creación de la Comisión. La ley de democracia de proximidad del 27 de febrero de 2002 (Ley Vaillant) representa un avance significativo en participación del público al desarrollar el papel de la Comisión, que se convertirá en una autoridad administrativa independiente.
En la tercera gran reforma, en 2016, se ensanchó y reforzó la esfera de competencias de la Comisión: los planes a nivel nacional sometidos a evaluación medioambiental son competencia de la Comisión, el Gobierno puede recurrir a esta para un proyecto de reforma de una política pública, se crea el derecho de la iniciativa ciudadana, la Comisión gestiona una lista de garantes y puede designar delegados regionales, así como organizar una conciliación sobre proyectos conflictivos entre las partes afectadas.
-¿Qué porcentaje de proyectos en Francia, sometidos a la participación ciudadana, se han mejorado al final?
-En 25 años, la Comisión ha organizado 104 debates públicos, garantizado 360 consultas y realizado 47 misiones de asesoría o apoyo. Desde 2016 se multiplicó por 6 el número de dossiers presentados ante la Comisión. La evaluación de los debates públicos demuestra que la participación ha tenido un impacto sistemático en los proyectos. Cerca del 60% han sido modificados en su concepción y sus grandes características.
-¿Se han llegado a parar proyectos?
Únicamente, 3 proyectos no se llevaron a cabo tras el debate público. En todos los demás se realizaron cambios (Ver infografía https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-02/CNDP-chiffres-cles-V2_0.pdf). Sobre los 91 debates públicos sobre proyectos (líneas ferroviarias, instalaciones deportivas y culturales, vertederos, instalaciones industriales, parques eólicos y fotovoltaicos, etc.) que hemos analizado, 88 sufrieron modificaciones en sus características principales o en sus objetivos.
-¿Cuánto duran esos debates públicos?
-Pueden durar de 4 a 6 meses y se garantizan consultas que duran de 15 días a 3 meses. La participación del público puede variar según el coste, la categoría del proyecto y sus retos. La misión de la Comisión determina bajo qué modalidad se organizará la participación del público.
-¿Y qué sucede con el resultado de la consulta pública?
-La Comisión elabora un informe abierto a consulta pública redactado de manera neutral e independiente, sin jamás pronunciarse sobre la validez del proyecto propuesto a debate o sobre los argumentos expresados por el público, y lo remite al responsable del proyecto. Detalla los argumentos de las personas que participaron en el debate y formula recomendaciones para que se tome en cuenta la opinión de los ciudadanos.
-¿El responsable del proyecto tiene en cuenta este resultado?
-El responsable del proyecto tiene la obligación de responder de manera detallada, en un plazo de tres meses, a estas recomendaciones y de indicar públicamente lo que le ha llamado la atención en el debate o consulta.
-¿Se difunde el contenido del debate entre los ciudadanos?
-La comisión da a conocer el debate público, sus principios y valores, a la población, a las instituciones y a los responsables de proyectos. Se le puede solicitar para misión de asesoría.
-¿Y si hay un conflicto?
-En los proyectos con impacto en el medioambiente, se puede recurrir a la Comisión para una solicitud de conciliación. El objetivo es retomar el diálogo entre la partes y conseguir un acuerdo sobre las modalidades de participación. Esta solicitud de conciliación debe ser requerida por las dos partes afectadas.
-Otros países que han adoptado este sistema de participación
-Italia creó, en 2021, la Commissione nazionale del dibattito pubblico inspirada en el modelo francés. Sin embargo, no es una Autoridad Administrativa Independiente (AAI). En Canadá, Québec tiene el BAPE (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement = Oficina de audiencias públicas sobre el medioambiente), que informa y consulta a los ciudadanos., investiga y luego da parte al ministro responsable del medioambiente sobre los dossiers que se le confió para guiar la toma de decisión gubernamental.
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