La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, se va a reunir la próxima semana con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, para pedirle cambios legislativos que permitan a las víctimas "tener voz y voto" en decisiones relativas a beneficios penitenciarios de presos de ETA.

Pedraza participó ayer en la segunda Marcha por la Justicia, convocada por la asociación que dirige con un recorrido hasta la cárcel alavesa de Zaballa, para reclamar "verdad, memoria, dignidad y justicia" para los afectados por los atentados de ETA.

La marcha, a pie, comenzó en la antigua prisión alavesa de Nanclares de Oca y concluyó en la nueva prisión de Zaballa, donde se encuentran los presos de ETA a los que se aplica la denominada vía Nanclares.

Pedraza denunció, en declaraciones a Efe, que, mientras que las víctimas "no pueden tomar la justicia por su mano, los etarras y sus amigos se están tomando la licencia de ponerse en huelga de hambre y de seguir reclamando cosas a las que no tienen derecho porque han asesinado y han extorsionado". En este sentido, denunció la concesión de la libertad condicional al preso etarra enfermo de cáncer Josu Uribetxebarria Bolinaga, recurrida por la Fiscalía y pendiente ahora de la decisión final de la Audiencia Nacional

Pedraza insistió en que el tercer grado para este recluso cayó entre las víctimas "como un jarro de agua fría", pero se mostró esperanzada ante la posibilidad de que el recurso prospere y quede demostrado que "ha habido un juez que ha cometido irregularidades y las cosas no se han hecho como se debía".

También adelantó que la AVT va a tener esta semana un encuentro con el ministro del Interior, cuya fecha está aún por cerrar, en el que le van a trasladar sus peticiones en relación a posibles beneficios penitenciarios a presos de ETA.

En concreto, le plantearán que se cambie la legislación actual en esta materia para que las víctimas puedan tener "voz y voto" en decisiones similares a la adoptada con Bolinaga y que puedan ser parte para poder recurrirlas.

Pedraza reconoció que el papel del Gobierno en el caso de este preso de ETA es "difícil" porque el Ejecutivo defiende que se aplique la ley, aplicación que, según ha dicho, también defiende la AVT. No obstante, explicó que "hay leyes muy ambiguas" que, en su opinión, "se han inclinado más al lado del terrorista que de la víctima".