La Audiencia Nacional (AN) cumplió ayer 40 años, cuatro décadas en las que este tribunal ha pasado de perseguir el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo de ETA a investigar los grandes casos de corrupción y los procedimientos relacionados con el yihadismo. Los atentados del 11-M, el envenenamiento masivo por el consumo de aceite de colza, las extradiciones en su totalidad y hasta el convenio con EEUU son algunos de los casos más importantes de este tribunal, considerado el más mediático del país por la relevancia de los casos investigados y juzgados. Pero también los procedimientos contra los primeros delitos monetarios, Lasa y Zabala, Nécora, Banesto, KIO, el proceso 11/98 contra el entorno de ETA, la Gürtel o las tarjetas black.

Tanto es así que por la AN han desfilado presidentes de los grandes bancos, los cabecillas y terroristas más sanguinarios de ETA, narcotraficantes, estrellas de fútbol, y militares de la dictadura argentina como Adolfo Scilingo, condenado a más de 1.000 años de cárcel por delitos contra la Humanidad.

Precisamente la Audiencia Nacional ha alcanzado notoriedad fuera de España también por perseguir crímenes más allá de nuestras fronteras en aplicación de la justicia universal, como cuando Baltasar Garzón dictó una orden de detención en octubre de 1988 contra el dictador chileno Augusto Pinochet.

El presidente de la Audiencia Nacional, Jose Ramón Navarro, recuerda en un escrito que el tribunal "surgió en unos momentos muy delicados de la Transición española" para perseguir el crimen organizado y el terrorismo, así como para crear los mecanismos de cooperación jurídica internacional, algo en lo que esta institución fue "visionaria". Navarro, en el cargo desde 2014, destaca en especial el trabajo de magistrados, fiscales y funcionarios que a lo largo de estos años ha permitido que "hoy pueda considerarse que ETA ha dejado de atentar", una experiencia que considera sumamente útil para afrontar el fenómeno del terrorismo yihadista.

No sólo ha perseguido el terrorismo, también ha sido objeto de graves atentados. En 1989 fue asesinada la fiscal Carmen Tagle, en 1990 resultó herido con paquete-bomba su entonces presidente, Fernando de Mateo Lage, y en 1996 otro paquete-bomba hirió al magistrado José Antonio Jiménez Alfaro.