El Congreso aprobó este jueves la ley de amnistía por 178 votos a favor frente 172 en contra, gracias a los votos de los dos partidos del Gobierno -PSOE y Sumar- más la de sus aliados; entre éstos, los independentistas de ERC y Junts. Aunque la ley alude en su nombre a la “normalización de Cataluña”, tanto ERC como Junts dejaron claro al acabar la sesión que su objetivo sigue siendo la autodeterminación. El ex ministro José Luis Ábalos, recientemente expulsado del grupo socialista al mixto, votó a favor.

La amnistía beneficiará a todos los procesados y condenados por los intentos de independencia de Cataluña, incluido el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que se encuentra huido en Bruselas.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, aseguró a la salida de la Cámara: “Esto no es un punto y final, continuamos, ahora podremos comenzar a hacer política de igual a igual y nuestro objetivo sigue siendo el de la independencia”.

La ponente de ERC en la ley, Pilar Valluguera, afirmó: “La amnistía era condición de posibilidad pero no suficiente, seguiremos en el camino de la liberación nacional por los conductos democráticos, pacíficos, cívicos y dialogados”. La posición de ERC difiere de la de Junts en que descarta la vía unilateral como en 2017.

Los diputados socialistas aplauden la intervención del portavoz del PSOE, Patxi López, en el debate de la ley de amnistía con Pedro Sánchez ausente.

La ley se ha aprobado después de regresar de la Comisión de Justicia, ya que el Congreso lo rechazó en una anterior votación gracias a los votos de Junts.

Con su rechazo a finales de enero, Junts quería forzar que el texto legal permitiese amnistiar también los delitos de terrorismo y de alta traición. Finalmente, el texto considera terrorismo lo incluido en la directiva europea de 2019 y elude una mención anterior al Código Penal.

La ley pone rumbo al Senado, donde comenzará una tramitación que podrá extenderse hasta dos meses. Entraría así en vigor a finales de mayo, momento en el que quedará en manos de los jueces su interpretación y aplicación.

Lo previsible es que el pleno del Senado, con mayoría absoluta del PP, vete la ley y que el texto tenga que volver al Congreso para que el PSOE y sus socios levanten ese veto y aprueben definitivamente la norma, registrada en solitario el pasado noviembre por el PSOE y que ha sufrido numerosos cambios estos meses para incorporar las demandas de ERC y Junts.

Si se cumplen los plazos, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en plena incertidumbre electoral: entre los comicios catalanes, adelantados al 12 de mayo, y las elecciones europeas del 9 de junio.

La norma entrará en vigor en el mismo momento de su publicación en el BOE y, a partir de ahí, comienza a contar el reloj de dos meses establecido por la ley para que se aplique con carácter “preferente y urgente”. El Gobierno calcula que serán 372 las personas implicadas en procesos penales beneficiadas por la ley, una cifra de afectados que Junts triplica hasta alcanzar el millar, al sumar también a los sancionados en aplicación de la ley de seguridad ciudadana, que podrán recuperar las multas pagadas.

Será cada órgano judicial, administrativo o contable a cargo de un procedimiento relacionado con el procés el encargado de adoptar las medidas necesarias en aplicación de la ley, “cualquiera que fuera el estado de tramitación del procedimiento”.

Desde el Tribunal Supremo hasta la Audiencia Nacional, pasando por el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o multitud de juzgados de instrucción de ciudades catalanas. Todos deberán estudiar e interpretar, caso a caso, cómo afecta la ley de amnistía a los procedimientos que tienen entre manos. La ley establece que los jueces deberán poner en libertad de forma inmediata a quien esté en prisión y levantar cualquier medida cautelar en vigor, dejando sin efecto las órdenes de búsqueda y detención nacionales, europeas o internacionales. Un escenario que beneficiaría a Carles Puigdemont, que nunca fue juzgado al huir de España en el otoño de 2017.