La ponencia de la Ley sobre el Derecho a la Vivienda dio luz verde a su informe con la incorporación de 41 enmiendas pactadas por el PSOE con UP, ERC y Bildu, tras lo cual el texto se aprobará en la Comisión de Transportes mañana y en el pleno del Congreso la semana que viene. Sin embargo, las críticas al Gobierno por las prisas para aprobar la norma no se hicieron esperar.

Ciudadanos y Vox tratarán de retrasar la aprobación de la ley de vivienda en el Congreso, prevista para el 27 de abril, alargando el trámite en comisión y acusaron al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos de tener "prisas electorales" y querer pasar el "rodillo" legislativo.

La norma será votada en el pleno de la Cámara Baja del próximo martes

El calendario se acordó  en una reunión de la Mesa y portavoces de la ponencia en la que los grupos de la oposición manifestaron su rechazo a las prisas de los grupos que sustentan al Gobierno y sus socios parlamentarios.

Tras 14 meses atascada en su tramitación parlamentaria, la negociación de la ley de vivienda se desbloqueó el pasado viernes.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, comentó que varios grupos, entre ellos Cs, solicitaron una nueva reunión antes de aprobar el informe, pero aseguró que la Mesa de la Comisión de Transportes (con mayoría de PSOE y UP) "se ha negado".

"Han sacado el rodillo, ha sido una tropelía contra los derechos de participación política de la oposición", denunció Bal, mientras que fuentes de Vox también señalaron a Efe que su formación solicitó que constase su voto negativo a cada una de las 41 enmiendas pactadas entre PSOE, UP, ERC y Bildu, y no se permitió.

El portavoz de Cs acusó al PSOE y Unidas Podemos de querer aprobar con "prisas" la ley de vivienda por "populismo" y "electoralismo", ante las proximidad de las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo.

Fuentes parlamentarias informaron del malestar que diversos grupos manifestaron en la reunión de la ponencia, donde aseguraron que se vivieron momentos de tensión especialmente entre el PP y el presidente de la comisión, Ignacio López, del PSOE.

Vox expresó su disconformidad "no solo con que una futura ley de esta relevancia se haya cerrado en una ponencia de menos de una hora, sino con que, además, la Mesa de la Comisión haya acordado su votación en comisión para que así esta Ley pueda ser aprobada en Pleno la semana que viene".

También otras formaciones como el PNV, Coalición Canaria y PDeCAT se quejaron en la ponencia celebrada por las "prisas" del Gobierno con la tramitación parlamentaria de la ley.

El acuerdo incluye que la subida de todos los alquileres de vivienda en la renovación anual de los contratos se limitará al 3% en 2024 y que, antes del 31 de diciembre de 2024, el INE definirá un nuevo índice de precios de referencia que no superará el IPC y que se aplicará a los grandes tenedores (personas físicas y jurídicas propietarias de cinco o más inmuebles) en las zonas tensionadas.

Las comunidades autónomas podrán declarar un área tensionada si la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supera el 30% de la renta media de los hogares o si el precio de compra o el alquiler de la vivienda aumentó al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores.

Para los pequeños propietarios la ley prevé que la primera vez que saquen su vivienda al mercado de arrendamiento tendrán que aplicar el índice de precios.