Aunque el decreto-ley sobre los 420 euros no llegará al Parlamento hasta la próxima semana, el Gobierno se garantizó ayer en la Cámara baja, en el primer pleno del nuevo curso político, la aprobación de esta ampliación de la cobertura económica extraordinaria a las personas en situación de desempleo que agotaron su prestación desde 1 de enero. 188 diputados respaldaron la enmienda de sustitución acordada por CiU, PSOE y ERC-IU-ICV. Sólo el Grupo Popular no la apoyó y optó por la abstención.

No obstante, la portavoz popular, la diputada Carmen Álvarez-Arenas, apoyó la medida inicialmente por entender que era de "justicia social", pero discrepó sobre la temporalidad que contiene el decreto y sobre la inclusión en la enmienda final de la exigencia de "dar cumplimiento a las previsiones del artículo 170 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, sobre Trabajo y Relaciones Laborales". El mantenimiento de este último apartado, que, a su juicio, interfería en la sentencia que el Tribunal Constitucional prepara en la actualidad sobre el Estatut, decantó finalmente al PP hacia la abstención.

En definitiva, aparte de fijar el 1 de enero como fecha de referencia, la moción aprobada insta al Gobierno a realizar un estudio, en el plazo de seis meses, sobre la actual prestación y los subsidios por desempleo, así como sobre la renta activa de inserción y otros mecanismos de protección. Además, quiere que el Ejecutivo flexibilice las regulaciones reglamentarias relativas a las políticas activas de empleo.

El Grupo Popular también se quedó solo en su moción sobre la reforma del sistema educativo. Todos los grupos, excepto el PNV, rechazaron el paquete de ocho medidas defendidas por el diputado popular José Antonio Gómez Trinidad, que puso de manifiesto con su intervención que el pacto de Estado por el que trabaja el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, está aún muy verde o se negocia en otros niveles.

Gómez Trinidad defendió sin éxito -sólo consiguió la abstención de dos diputados del resto de los grupos- la necesidad de "armonizar un proceso de evaluación de diagnóstico educativo a nivel nacional que evite duplicar esfuerzos, solapamientos y equivocidades", así como "promover en educación primaria un nuevo modelo pedagógico que incremente el rendimiento educativo, reformar la secundaria, especialmente en el segundo ciclo, y fortalecer el bachillerato".

Tampoco tuvo éxito el PP en su proposición de ley relativa a los incentivos fiscales a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Sólo le apoyó CiU.

La única unanimidad del pleno de ayer se produjo en la proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para revisar la cuantía del coste salarial subvencionado para los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo.