TERMINA 2022. Y los responsables públicos hacen balance del año natural. Prima la autocomplacencia, impasibles a la crítica fundada, a la que se demoniza. El martes pasado lo hizo el presidente del Gobierno en primera persona del singular. Los supuestos logros son de él, ni del Gobierno ni de los dos partidos que lo integran. Ni el Aznar más soberbio llegó al nivel que demostró Sánchez. ¡En cuatro años y sin mediar mayorías incuestionables!  

Da igual que se adopten con nueve meses de retraso las medidas para atajar la inflación que sigue asfixiando a las familias que le pedía, no ya la oposición, que también, sino el sector de la distribución para poder paliar las subidas obligadas por el incremento brutal de costes: energía, transporte, materias primas... Lo importante es el relato –falso, que eso da igual–, ése de que el Gobierno gastará 10.000 millones de euros en tratar de aligerar la presión de los bolsillos, obviando que en este año los contribuyentes hayan pagado más del triple, 33.000 millones extra, por no tocar el IVA en todo 2022 ni deflactar los tramos del IRPF, que no es bajar impuestos sino evitar que suban sin que lo decidan las Cortes Generales.  

Ni siquiera le preocupó que le preguntaran abiertamente el porqué del problema de credibilidad que tiene el Gobierno. No podía responder con la verdad: cuando alguien usa la mentira como método desaparece la confianza y hasta los aciertos quedan sepultados por el sucio engaño.

Por eso lo más inquietante en los estertores de 2022 es que nadie crea al Gobierno –ni al PSOE– cuando afirma que el procès ha muerto y que en Cataluña las ínfulas de independencia desaparecen con la desjudicialización. El eufemismo oculta –lo intenta más bien sin lograrlo– que a ERC  no le bastó el indulto, y por eso pidió la derogación de la sedición, y como hacer desaparecer ese delito –imprescindible para poder garantizar la integridad territorial nacional– tampoco era bastante, se ha rebajado la pena de malversación –con consecuencias que habrá que ver si no benefician a otros corruptos–, lo que ha abierto definitivamente la puerta a reclamar el fin último del procès: un referéndum que permita la independencia.

Pagar al chantajista no acaba con el problema: el cobro incentiva otra extorsión. Pero Sánchez se empecina en el error y de ahí su empeño en forzar hasta el equilibrio de poderes para tener un Tribunal Constitucional que avale una consulta pactada que permita en 2023 la autodeterminación de Cataluña sin preguntar al resto de españoles. 

Queda un año y una doble esperanza: que la cercanía electoral evite que se atreva a ceder y que la voluntad de los españoles le impida hacerlo en otra legislatura. Al fin y al cabo, la única verdad que reconoce Sánchez es que su mayoría depende de los soberanistas.