Interior reconoce a más de 6.000 víctimas del terrorismo

En España hay un total de 6.045 víctimas del terrorismo reconocidas oficialmente por el Gobierno y que han recibido o reciben sus respectivas indemnizaciones como damnificados de la violencia, según datos del Ministerio del Interior introducidos en una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press.

Una de las novedades del Reglamento de la Ley de Víctimas del Terrorismo fue la retroactividad mediante la cual se amplió el número de víctimas reconociendo a todas aquellas personas que hubiesen sufrido atentados terroristas desde el 1 de enero de 1960, año de la primera víctima mortal de ETA, la bebé Begoña Urroz.

Además, las víctimas pueden desde entonces reclamar la diferencia entre las ayudas inicialmente recibidas y su cuantía actualizada, así como reclamar nuevos conceptos de indemnización incluidos en la legislación. El Gobierno calculó en su momento que en ello gastaría alrededor de 77,5 millones de euros en los próximos dos años.

Los esfuerzos del Ejecutivo se centraron también en blindar la norma para impedir que los terroristas pudieran acogerse como beneficiarios de ella. De hecho, el Ejecutivo ya ha retirado las indemnizaciones a al menos 46 víctimas del GAL y otros grupos como el Batallón Vasco Español. Alegan que cuentan con "informes" que prueban de forma "suficiente" su "pertenencia" a ETA. En una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press, el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz defiende por tanto su decisión de retirarles las ayudas ya que no cumplen con todos los requisitos exigidos para ello.

"La pertenencia a la organización terrorista ETA u organizaciones vinculadas, en estos casos, se encuentra probada de forma adecuada y suficiente mediante los informes correspondientes, que acreditan la pertenencia a organización terrorista y que constituyen una prueba documental, de carácter oficial y emitida por órgano competente en función de la materia y perfectamente admisible en dichos procedimientos", sostiene el Gobierno.

El coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, considera por su parte que es "una verdadera injusticia y una aberración" que Interior niegue el pago de subvenciones a víctimas del GAL, organización terrorista que fue "sufragada con dinero del Estado".

De esta forma, se refirió al hecho de que el Gobierno del PP haya decidido retirar la indemnización a 46 víctimas del GAL y otros grupos terroristas, como el Batallón Vasco Español, al contar con "informes" que, a su juicio, prueban, de forma "suficiente, su pertenencia a ETA".

En declaraciones a Europa Press, Zabaleta subraya que "todas las víctimas de todas las violencias tienen que ser respetadas por igual".