El conflicto catalán

La Justicia belga rechaza la entrega de uno de los líderes del ‘procés’ huidos

  • La Cámara del Consejo de Bruselas argumenta que el Supremo no tiene competencias para emitir la euroorden que pesa sobre el ex ‘conseller’ Luis Puig por malversación el 1-O

El ex 'conseller' de Cultura Lluis Puig celebrando este viernes en Bruselas la decisión del tribunal belga.

El ex 'conseller' de Cultura Lluis Puig celebrando este viernes en Bruselas la decisión del tribunal belga. / Olivier Hoslet (EFE)

La primera decisión de la Justicia belga sobre los políticos catalanes huidos de España en 2017, denegando la entrega del ex consejero Lluís Puig, ha dado esperanza a los independentistas, que ven en la decisión un precedente para el rechazo del resto de euroórdenes pendientes.

"Siempre sostuvimos que el Tribunal Supremo no era competente para estos hechos y personas; ahora la Justicia belga nos da la razón con las consecuencias que ello tiene para el resto de procedimientos pendientes", ha dicho este viernes nada más conocerse la decisión el coordinador de las defensas de los políticos independentistas, Gonzalo Boye.

La Cámara del Consejo de Bruselas, juzgado de primera instancia que examinó la euroorden emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre Puig por malversación en el caso del 1-O, declinó la ejecución al considerar "que la autoridad española que ha emitido ese mandato no era competente para hacerlo".

Por su parte, la Fiscalía de Bruselas ha presentado un recurso de apelación este viernes contra la decisión, contra la que también cabe un recurso en casación.

"Ya es incontestable que el Tribunal Supremo no tenía competencia para esto", ha considerado Boye, quien ha intervenido por videoconferencia en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes Puig y sus abogados.

Puig dijo sentir "satisfacción, tranquilidad y alegría" ante la decisión y opinó que si la Justicia belga ha llegado a la conclusión de que el Tribunal Supremo no es competente para pedir su extradición, tampoco lo era para juzgar el 1-O.

"Estoy contento de una primera sentencia que dice clara y rotundamente que el Tribunal Supremo no es competente para pedir mi extradición. Está diciendo que el juicio del 1 de octubre no tendría que haber empezado en el Tribunal Supremo", ha señalado.

Por ello, ha pedido la anulación de esa causa e indicó que el Gobierno español tiene en su mano ahora "aplicar una amnistía total y eliminar la sentencia del 1-O".

Tercer revés judicial

Otro de los letrados belgas de los políticos independentistas, Paul Bekaert, ha recordado que ésta es la tercera petición de entrega dictada contra Puig que no ha prosperado, tras una primera, retirada en diciembre de 2017 para evitar que la justicia belga condicionara los delitos por los que los políticos catalanes podrían ser juzgados en España y una segunda en mayo de 2018 rechazada por un defecto de forma.

El abogado ha valorado lo "bien motivada" que está la decisión emitida este viernes por el tribunal belga que, explicó, ha seguido la argumentación de la defensa.

En particular, dijo, ha avalado que el juez belga puede examinar si el juez español es competente para dictar una euroorden y además ha constatado que Puig "nunca ha sido parlamentario", y que según la Constitución española el Supremo solo tiene competencia en ese supuesto.

"Hay un abuso del uso de la euroorden por motivos políticos", señaló el letrado, que explicó que la Fiscalia de Bruselas tiene ahora 24 horas para presentar un recurso contra esta sentencia.

El asunto de Puig quedó desvinculado del caso del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la de su ex conseller Toní Comín en el momento en el que a ambos se les reconoció la condición de eurodiputados, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el político catalán Oriol Junqueras emitida el pasado diciembre.

Las euroórdenes de Puigdemont y Comín están suspendidas hasta que se resuelva el suplicatorio que el Tribunal Supremo español envió a la Eurocámara para pedir que se les retire la inmunidad parlamentaria, para el que también se han ampliado los plazos por las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. 

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