Miles de personas se echaron ayer a la calle en medio centenar de ciudades españolas, bajo el lema Con la Sanidad y la Educación no se juega, para clamar al Gobierno por una manera diferente de superar la crisis económica y para que los pilares del Estado de bienestar queden al margen de los ajustes.

Convocados por la Plataforma Social en Defensa del Estado de bienestar y de los Servicios Públicos -de la que forman parte cincuenta organizaciones sociales y sindicales- los manifestantes subrayaron que el gasto para mantener los servicios públicos es la mejor inversión que se puede hacer para salir de la crisis.

El detonante inicial de la movilización fue el ajuste de 10.000 millones de euros en los ámbitos sanitario y educativo, aunque las críticas se han ampliado a las sucesivas subidas de impuestos, que en opinión de las organizaciones convocantes van a ser especialmente dañinas para los colectivos más vulnerables.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, justifica las medidas y asegura que no hay alternativa, por la herencia recibida de los socialistas, a los que ha pedido que se callen en vez de criticar.

Desde las filas del PSOE, su secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, exige a Rajoy que "deje de ser el último mohicano de la austeridad", porque no puede ser el único gobernante europeo que defienda los ajustes mientras recorta los servicios sociales básicos.

La manifestación más numerosa fue la celebrada en Madrid (40.000 personas según los convocantes, 9.000 según la Policía), donde estuvieron presentes los dirigentes de los dos sindicatos mayoritarios, Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CCOO), además de dirigentes de los principales partidos de la oposición, entre ellos el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, y el coordinador general de IU, Cayo Lara. El mal tiempo y la lluvia acompañaron muchas de las manifestaciones que se celebraron en las principales ciudades españolas.

Pactado por todas las organizaciones sociales y sindicales que integran la Plataforma Social en Defensa del Estado de bienestar, el manifiesto leído al término plantea "otra manera de salir de la crisis". Insiste el documento en que el Estado de bienestar se basa en la existencia de unos servicios públicos "de calidad, universales y accesibles" y en que los servicios públicos son uno de los sectores productivos más dinámicos y generadores de empleo. De "durísimo recorte" tacha los ajustes en los servicios como sanidad, educación o servicios sociales, y corrobora que la sanidad y la educación son la mejor forma de redistribuir la riqueza.

La Plataforma rechaza las fórmulas de "copagos y repagos" en sanidad y denuncia además que el Gobierno esté "aprovechando" la crisis "como excusa para imponer su modelo social".

En Barcelona, la manifestación convocó a un millar de personas, que han aprovechado para reclamar la libertad de los tres estudiantes y la sindicalista de CGT detenidos por los disturbios durante la huelga general del 20 de marzo, y para lanzar consignas contra el consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig.

En Valencia, los manifestantes han centrado sus críticas en el "doble recorte" que están padeciendo desde el Gobierno central y el autonómico, y advirtieron que la de ayer no será la última movilización contra los ajustes sociales.

Las organizaciones que han llamado a la protesta cifraron en 70.000 los manifestantes que han salido a la calle en nueve ciudades gallegas, y en Castilla y León la Delegación del Gobierno ha calculado que casi 15.000 personas se han sumado a las protestas en las capitales de provincia. Las manifestaciones se produjeron también en Gijón, donde han protestado 50.000 personas, según las organizaciones convocantes; en las cinco ciudades castellanomanchegas, donde han salido a la calle 15.000 personas según los convocantes -3.500 según la Delegación del Gobierno-; en Santander, donde se han reunido unas 8.000 personas, según los convocantes, o en Logroño, en una marcha que ha convocado a 4.000 personas según los sindicatos, 1.900 según la Policía. También se produjeron manifestaciones en Badajoz y Cáceres, que han reunido a 6.000 personas según los sindicatos y 2.000 según la Delegación del Gobierno, y en Murcia, donde los convocantes han cifrado la protesta en 5.000 ciudadanos.