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Consejo de Ministros

Sánchez quiere eliminar la incapacitación jurídica de las personas con diversidad funcional

  • El Gobierno quiere ajustar la legislación a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Pedro Duque e Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros. Pedro Duque e Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros.

Pedro Duque e Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros. / EFE

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El Gobierno quiere eliminar la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad intelectual, que son sustituidas por tutores en la toma de decisiones, y pasar a un sistema que proporcione a este colectivo los apoyos y medidas más pertinentes, según el caso, para que se respete su voluntad en la toma de decisiones y puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.

Para ello, según recoge el anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, adelantado por El País, el Ejecutivo pretende reformar el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley del Registro Civil.

Tras la aprobación este viernes por el Consejo de Ministros del texto elaborado por la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, el anteproyecto pasará a trámite de audiencia pública para que intervengan y haga sus aportaciones los diferentes colectivos.

Con esta reforma se pretende adecuar la legislación española a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2006, que en su artículo 12 obliga a los Estados parte, entre ellos España, a garantizar la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad en todo el tráfico jurídico sin restricciones ni exclusiones, prestando apoyos para la toma de decisiones cuando sea preciso, pero sin sustituir a la propia persona.

"Se impone así el cambio de un sistema como el hasta ahora vigente en nuestro ordenamiento jurídico, en el que predomina la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad, por otro basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones", indica el Ministerio de Justicia en la exposición de motivos.

Una de los cambios que introduce el anteproyecto tiene que ver con la tradicional figura del tutor, que es sustituida por otras que ejerzan de guía y apoyo en la toma de decisiones. Las funciones de representación de una persona con discapacidad solo se llevarán a cabo en los casos que presenten una mayor gravedad.

"No se trata, pues, de un mero cambio de terminología que relegue los términos tradicionales de incapacidad e incapacitación por otros más precisos y respetuosos, sino de un nuevo y más acertado enfoque de la realidad, que advierta algo que ha pasado durante mucho tiempo desapercibido: que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, derecho que ha de ser respetado", señala el texto.

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