¿La Justicia es igual para todos en España? La respuesta está para muchos, hoy, en los juzgados de Palma. Los distintos partidos de la oposición quieren comprobar si realmente es así. El padre de la Infanta imputada lo proclamó en su discurso de Navidad de diciembre de 2011. En el mensaje navideño, cuando se investigaba a su yerno Iñaki Urdangarín por las actividades del Instituto Nóos, Don Juan Carlos aseguró que las personas con responsabilidades públicas tienen "el deber de observar un comportamiento adecuado, ejemplar", y recalcó que "cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione". 

El Rey hizo hincapié entonces que España es un Estado de Derecho donde "la Justicia es igual para todos" y que "cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley". Esta máxima es la que la oposición quiere calibrar hoy.

Desde el Gobierno, Mariano Rajoy ya mostró su convicción de que a la Infanta "le irá bien" porque dice estar seguro de su "inocencia". El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se centró en pedir que la hija del Rey no tenga que sufrir en el juzgado "penas paralelas" ni "situaciones de carácter previo" que puedan considerarse "perjudiciales" para ella. De ahí que se pidiera ahorrar "el paseíllo" a la Infanta permitiendo su acceso a los juzgados en coche.

Al respecto, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, se mostró ayer "enemigo" de los paseíllos y el "escarnio público" que recuerdan "otros tiempos", e insistió en que, en la declaración de la Infanta, "lo más importante" es que el juez Castro "no reciba más presiones", la Infanta declare y, si ha cumplido algún delito, "lo pague". Para Lara, "todo lo demás es morbo", y alertó de que estos debates demuestran que "la Justicia no es igual para todos".

Para demostrar lo contrario, que la Justicia sí es igual para todos, algunos partidos como el BNG han aconsejado a doña Cristina que al menos haga como su marido y que acceda a pie a los juzgados. Su portavoz en el Congreso, Olaia Fernández Dávila, dijo que la hija del Rey debería renunciar al "privilegio" de ir en coche como muestra de "respeto a los ciudadanos".

Fernández Dávila se preguntó si, a partir de ahora, las medidas excepcionales que se van a aplicar a la Infanta se extenderán a otros personajes conocidos que tengan que declarar en sede judicial. "¿Lo harán también con los que tienen que acercarse a los juzgados de Sevilla?", comentó en alusión al caso de los ERE fraudulentos que investiga la juez Mercedes Alaya.

También el portavoz adjunto de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, espera que, como miembro de la Casa Real, la Infanta dé ejemplo y no se aproveche de su condición para evitar la normalidad en su declaración ante los juzgados de Palma. Gorriarán sostiene que la actuación judicial que afecta a doña Cristina debería haberse enmarcado en la "normalidad" y, de hecho, cree que si la segunda hija del Rey se hubiera comportado así "desde el principio", "la cosa no se habría deteriorado tanto y no habría tanto peligro de suscitar reacciones desagradables contra la Monarquía".

Para el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, los españoles quieren que "todas las personas reciban un mismo trato" y que a la hija del Rey se le juzgue como a cualquier otro "sin ningún tipo de privilegio".

El PSOE, por su parte, ha preferido mantener cierta distancia en este caso, más allá de subrayar la conveniencia de garantizar que el Estado de Derecho funciona sin distingos. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, calificó de "buena decisión" que la defensa de la Infanta renunciase a recurrir su segunda imputación.